Ruta del Dinero pidieron el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner
El fiscal Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner en “La ruta del dinero K”
El funcionario judicial sostuvo que es innegable la relación entre la Vicepresidenta y Lázaro Báez, pero que no se pudo comprobar la participación de la ex mandataria en las millonarias maniobras de lavado por las que fue condenado el empresario. Criticó un fallo de Casación
Después de reiterados pedidos de Cristina Kirchner, finalmente el fiscal Guillermo Marijuan pidió su sobreseimiento en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde la vicepresidenta se encuentra imputada por lavado de activos. Es un expediente residual a aquel en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por haber blanqueado 55 millones de dólares.
Pese a la enumeración de argumentos bajo los cuales el fiscal afirma no haber podido probar la participación de Cristina en «esta concreta y puntual maniobra de lavado de dinero», Marijuan sumó en su dictamen un inédito trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) en el que se analizaron las líneas telefónicas asignadas a la vice entre 2010 y 2013 y el cruce de las mismas con las de Báez arrojó un total de 372 comunicaciones en poco más de dos años.
Este tramo residual de la Ruta del Dinero K se centró en el vínculo con entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, «para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero», explica el dictamen al que accedió Clarín.
Con el análisis del caso, dijo el fiscal Marijuan, «no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre» la vicepresidenta y el dueño del Grupo Austral.
La condena a Báez
Lázaro Báez fue condenado por lavar 55 millones de dólares entre 2010-2013. En simultáneo, celebró varios negocios comerciales con la ex Presidenta: 18 compra-venta de propiedades y terrenos, la administración y explotación de hoteles, contratos de alquiler, un terreno en condominio, contratación de habitaciones de los complejos turísticos, construcción de inmuebles. Son sólo algunos de los negocios que los unen. Además, Báez y su entorno hicieron múltiples visitas a la residencia presidencial de Olivos en esa época.
El común denominador en todos esos negocios es Austral Construcciones, adjudicataria del 86% de los contratos viales licitados en Santa Cruz, que según la condena en la que derivó el juicio contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad, estuvieron plagados de irregularidades: direccionamiento de los concursos, falta de controles, obras inconclusas, sobreprecios promedio del 65%, circuitos exclusivos para percibir fondos por obras que no avanzaban, entre otros.
Es justamente una porción de esos fondos irregulares que, según el Tribunal que condenó a Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K, se volcaron a las operaciones de lavado.
Al respecto, el fiscal Marijuan indicó ahora que tanto Báez como la vice fueron «condenados por actividades ilícitas que los han tenido como responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
«Entrañable cercanía, vínculo y amistad»
Después detalló los múltiples negocios comerciales que vinculan a Cristina Kirchner con Báez, que muestran «la entrañable cercanía, vínculo y amistad» entre ambos, sostiene el fiscal.
En el desarrollo del análisis de ese vínculo, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo: «Y si lo expuesto no alcanzara para entenderlo tenemos que la reciente prueba incorporada a esta causa respecto en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Elisabet Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un periodo de poco más de dos años».
Entre 2010 y 2013 Lázaro Báez -que había declarado ante la AFIP un patrimonio de 66 millones de pesos- incrementó su fortuna sustancialmente. en 2016, la justicia federal le detectó 1.420 bienes muebles e inmuebles, equivalentes entonces a 205 millones de dólares. Hay una tramo de la causa que investiga si esas propiedades las adquirió a título personal o actuando como testaferro de los Kirchner.
Ante estas operaciones de lavado de dinero que fueron ya condenadas por un Tribunal Oral, el fiscal Guillermo Marijuan había insistido en que Cristina Kirchner, «mantenía un vínculo con su consorte de causa» lo que permitía «afirmar su participación en las acciones de lavado» que le valieron a Báez una condena a doce años.
Cuando el fiscal evaluó todas las pruebas en curso, señaló que era necesario impulsar un entrecruzamiento de llamadas telefónicas, desde «octubre de 2010 a abril de 2013» y que eso determinará el éxito de la medida. Es en ese contexto que se detectaron más de 370 comunicaciones.
Marijuan consideró que ese flujo de llamadas y mensajes «no es habitual». Con sólo «imaginarse lo difícil o casi imposible que es para cualquier ciudadano llamar telefónicamente a un Presidente de la Nación, el resultado de esta medida pone en evidencia, con esa inmensa cantidad de contactos, que Lázaro Báez y Cristina Fernández eran algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido».
El planteo desmiente los dichos de la vicepresidenta, que negó cualquier tipo de vínculo comercial con Lázaro Báez como también una relación de amistad o relación asidua con el empresario patagónico.
Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Elisabet Fernández -continuó diciendo el fiscal en su dictamen- y «habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha» respecto a la participación de la vice en las maniobras de blanqueo.
En base a esta premisa es que solicitó ante el juez Sebastián Casanello que Cristina Kirchner sea sobreseída. La fiscalía no logró dar con ninguna orden directa ni intervención alguna por parte de la vice para que Báez monte y concrete la estructura de operaciones de blanqueo.
Por eso Marijuan concluyó que no hay elementos para acusar a la vice de «una posible orden o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza».
El fiscal también se refirió a la confirmación de la condena de la Ruta del Dinero K por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó la premisa del Tribunal de juicio sobre el delito precedente del lavado de dinero, que para el TOF era la corrupción en los contratos de obra pública vial. «Esta errada decisión no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro Báez y la evasión fiscal de su patrimonio”.
Al profundizar en esta tesitura Marijuan dijo que a ese patrimonio «yo lo llamaría botín», y que la decisión de la Casación «deja a un lado el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento».
En este sentido añadió que si se considera que «la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ¨exportar¨ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor, se aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero».
Sin embargo, explicó que este pedido de sobreseimiento «en nada conmueve otras situaciones procesales en expedientes en trámite. Es más, hay pruebas ahora colectadas que demuestran un vínculo que va más allá de una relación de amistad o conocimiento entre Lázaro Antonio Báez y Cristina Elisabet Fernández».
El pedido de la fiscalía, que ahora debe ser refrendado por el juez Casanello, no impacta en la sentencia acusatoria contra Báez y los otros quince imputados en la Ruta del Dinero K. El tramo que involucraba a la vicepresidenta respondía a un caso residual y buscaba desentrañar su nivel de participación y responsabilidad en la estructura de blanqueo que tuvo como eslabón central a Austral Construcciones.
Tampoco guarda relación con la acusación a seis años de prisión que recibió la vice en el juicio Vialidad por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Se analizaron allí las licitaciones viales que recibió Báez mientras, en simultáneo, celebraba sendos negocios privados con la familia Kirchner.
La vicepresidenta había sido indagada por el juez federal Sebastián Casanello, quien le dictó en su momento la falta de mérito. Sin embargo, el fiscal Marijuan solicitó a posteriori una serie de medidas de prueba para determinar el involucramiento o no de Kirchner.
En el interín, en 2019 la Cámara Federal porteña, con la firma de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, había ratificado la decisión del juez Casanello de dictar la falta de mérito para la expresidenta, en respuesta a la apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).
La UIF y la OA habían impugnado el fallo con el que Casanello afirmó que «no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Fernández por los hechos por los que fuera intimada», en el marco de la causa de lavado de dinero contra Báez.
Pese a ratificar la decisión de Casanello, los camaristas manifestaron en aquel momento que restaba «corroborar la hipótesis que podría dar cuenta del conocimiento de la encartada sobre el accionar de Báez como posible prestanombre». En esa línea, el juez rechazó en 2022 el pedido del abogado de la exmandataria de dictar su sobreseimiento y avaló el pedido de Marijuan de continuar investigándola.
Finalmente, luego del resultado obtenido en las medidas de prueba solicitadas, Marijuan pidió oficialmente el sobreseimiento de quien fuera dos veces presidenta de la Nación entre los años 2007 y 2015 por no haberse acreditado su participación en los hechos investigados.
Cabe recordar que en febrero de este año, la Cámara de Casación Federal confirmó las condenas de varios imputados en la causa denominada «ruta del dinero». Entre ellas, impuso penas de 10 años de prisión para Lázaro Báez y otros 17 imputados por lavado de u$s55 millones, multas por u$s330 millones y decomisos por u$s65 millones.
La Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela E. Ledesma, impuso las penas de 10 años de prisión para Báez, 6 años y 6 meses para Martín Báez, 6 años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Pérez Gadín, 5 años para Julio Enrique Mendoza, 3 años y seis meses para Leonardo Fariña, 4 años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi, Eduardo Guillermo Castro, 3 años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y 2 años y 6 meses para Walter Feliciano Zanzot.
A los primeros seis imputados se los consideró coautores del delito de lavado de activos agravado.
El fiscal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa denominada «Ruta del Dinero» por no haberse acreditado la participación de la exjefa de Estado en los hechos investigados.
El fiscal resaltó lo sucedido en algunas fechas específicas: “En particular y estas pruebas en concreto, hay algunas que me llaman la atención. Así tenemos, como dije, que el día 2 de diciembre de 2010 Lázaro Báez concurrió a la Residencia Presidencial de Olivos donde residía Cristina Fernández. También se encuentra probado que con fecha 20 de diciembre de 2010, el nombrado recibió una llamada telefónica de un abonado correspondiente a la Residencia de Olivos. Ambos eventos, por el momento en que acontecen, coinciden con la ubicación temporal brindada por Fariña cuando afirmó que la ex Presidenta Cristina Fernández le dijo a Lázaro Báez que tenía conocimiento sobre el movimiento de fondos al exterior. Estos datos concretos de la visita a Olivos y del llamado telefónico recibido, ahora reconstruidos probatoriamente, vienen a sostener la afirmación de Leonardo Fariña pero, con ello también, se revitaliza el aspecto que agregó el imputado colaborador en cuanto a que Lázaro Báez le negó a Cristina Fernández todo aquello que tenía que ver con el movimiento al exterior de las divisas con el que se perpetraba parte del lavado de dinero”.
“En suma, -señaló Marijuán- la prueba de los eventos señalados -llamada telefónica y visita a Olivos- acerca a la cuestión del lavado de dinero a Cristina Fernández al sostener la versión de Fariña pero, de algún modo, la aleja y no logra responsabilizarla penalmente. Aun soslayando o dejando por un momento de lado el anterior razonamiento o conclusión, podríamos dar otro enfoque a la cuestión y preguntarnos por qué Cristina Elisabet Fernández se interesó en esos montos de dinero que se sacaban por Lázaro Báez y otras personas del país. Así, teniendo en cuenta la condena por fraude al Estado Nacional con la adjudicación irregular de obra pública – causa “Vialidad”- podría pensarse como una hipótesis que Cristina Fernández le preguntaba a Lázaro Báez por la exportación de divisas ya que podría haber estado interesada en el producto o destino del dinero obtenido por aquel fraude. Aun así, en esta hipótesis, tampoco el interrogatorio de Cristina Fernández a Lázaro Báez me permite situarla en el lavado de dinero que es el objeto de este proceso con la fuerza probatoria que vaya más allá de una sospecha. Todo ello claro está, sin perjuicio de otras valoraciones que puedan hacerse en otros procesos de las innumerables comunicaciones telefónicas, así como de las visitas personales a la ex presidenta”. Fue por ello que pidió el sobreseimiento.
