Corte Suprema declarará inconstitucional que los jubilados paguen Ganancias

Corte Suprema declarará inconstitucional que los jubilados paguen Ganancias

La Corte Suprema resolverá hoy, si el cobro de Ganancias a las jubilaciones constituye un acto inconstitucional. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda aportarán los tres votos para anular el pago de ese tributo por parte de los trabajadores retirados, aunque también podrían sumarse otros integrantes del tribunal. Actualmente unos 300.000 beneficiarios son alcanzados actualmente por ese impuesto.

Según se pudo saber por fuentes tribunalicias, la Corte respaldará el fallo de segunda instancia de un juzgado de Paraná que determinó que el hecho de que el fisco alcance a los jubilados con Ganancias configura un caso de «doble imposición», ya que esas personas habían sido sujetos del impuesto durante su vida activa.

Más allá de que el máximo tribunal resuelva la inconstitucionalidad de esa retención, no tendría un efecto inmediato, ya que la decisión afectará puntualmente a María Isabel García, la demandante de este caso. De todas formas, hay unos 2000 expedientes similares en los escritorios del tribunal.

No serán favorecidos los que se jubilaron después de 2006; los que aceptaron la Reparación Histórica (ya tiene incluida el fallo Badaro); los familiares de los jubilados fallecidos en los casi 11 años en que se demoró el expediente; los que hicieron un juicio y ya lo cobraron; los que cobraban el haber mínimo entre 2002 y 2006 porque tuvieron mejoras superiores a Badaro.

Sí estarán en condiciones de recibir una buena noticia los que no firmaron la Reparación, los que no tienen juicio en curso contra el Estado y los que se jubilaron después de diciembre de 2006. Expertos laboralistas afirman que por un juicio “Badaro I” los abuelos recibieron unos $ 800.000 en promedio. La extensión de ese beneficio llegaría ahora a 12.000 jubilados más. Serían unos $ 9.600 millones de gasto adicional por el fallo Mondino.

En Tribunales calculan que si el Estado decidiera cancelar todos los juicios abiertos por reajustes de haberes previsionales debería desembolsar unos $ 120.000 millones.