Reforma judicial

Reforma judicial la letra chica del proyecto y los detalles detrás del anuncio

Aunque fueron invitados, no asistieron los jefes de bloque de Juntos por el Cambio ni cuatro de los cinco ministros de la Corte. Estuvo, en cambio, la jueza del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco, así como también diputados y senadores del Frente de Todos y del peronismo federal; jueces, consejeros de la Magistratura y académicos.

Cristina Kirchner también fue convocada pero, según señalaron fuentes de la Casa Rosada, ella misma declinó de asistir. En la víspera de los anuncios, Juntos por el Cambio había denunciado en un comunicado que los proyectos obedecen a la búsqueda de «impunidad».

El proyecto de ley

La iniciativa que redactó Fernández, y que enviará al Senado en las próximas horas, duplica la cantidad actual de juzgados para llegar a 46.Fusiona a los 12 juzgados de Comodoro Py con los 11 de Penal Económico, el fuero vecino que tiene sede sobre la avenida de los Inmigrantes, donde se investigan delitos aduaneros y de lavado. Todos esos quedarán con una de sus dos secretarías. Y, por otro lado, se crearán 23 juzgados nuevos que heredarán las secretarías restantes con sus dotaciones.

Es decir que, de los 46 tribunales, la mitad tendrán a los jueces actuales y la otra mitad tendrá jueces subrogantes por un año, con posibilidad de permanecer otros seis meses, hasta que se designen nuevos jueces por concurso.

El proyecto de ley, además, propone la creación de cinco nuevos tribunales federales orales (TOF), 23 fiscalías de primera instancia, cinco fiscalías para los nuevos TOF y ocho defensorías públicas.

Quiénes serán los jueces federales subrogantes? Según detalló tras el anuncio la ministra de Justicia, Marcela Losardo -que será la cara visible de los proyectos de aquí en más- la Cámara Nacional de Casación Penal elaborará una lista con los jueces nacionales de la Ciudad que deseen ocupar las nuevas vacantes. Esa nómina pasará al Consejo de la Magistratura que deberá seleccionar a 23 jueces con dos tercios de los votos. Esos nombres pasarán luego por el Senado, que deberá dar los acuerdos.

Fernández defendió la selección de expertos en Derecho que eligió para conformar la comisión ad hoc al que denominó «Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público». Entre los elegidos está Carlos Beraldi, el abogado de Cristina en causas de corrupción.

Se espera que mañana sea publicado el DNU que crea a la comisión de notables, que dependerán funcionalmente del Ministerio de Justicia. Los juristas serán coordinados por Fabián Musso, que conoce a Fernández del estudio Righi.

Tendrán 90 días para hacer recomendaciones para la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el juicio por jurados. El tema que suscita mayor interés es la eventual ampliación de la Corte. Fernández siempre dijo no creerlo necesario, pero igual habilitó la discusión frente a una idea que es impulsada por juristas con buena ascendencia en el Instituto Patria.

Además de Beraldi, en el comité estarán el excamarista del juicio a las Juntas Carlos Arslanian; el profesor de derecho constitucional Gustavo Ferreyra, muy cercano a Raúl Zaffaroni y la investigadora del Conicet Marisa Herrera, coordinadora del equipo de Justicia del PJ.

También la candidata a procuradora de Mauricio Macri, la jueza Inés Weinberg de Roca; el profesor Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español y referente de Fernández; Andrés Gil Domínguez, que intervino en la causa por la ley de medios ante la Corte Suprema como amicus curiae elegido por Clarín.

Completan el comité las juezas de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego); y el juez de la Corte de Mendoza Omar Palermo.

En su discurso, que terminó de escribir por antes de hablar, Fernández hizo un repaso por las modificaciones en la Justicia del primer golpe militar al presente. Cuestionó la mayoría automática de la Corte y las «designaciones de magistrados con severos cuestionamientos a sus cualidades técnicas» durante los 90. También cargó contra la gestión de Mauricio Macri: dijo que «pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas», en una abierta crítica a la «doctrina Irurzun».

El reordenamiento del fuero federal que propone Fernández contempla además un traspaso de competencias penales no federales a la Justicia porteña. La reforma busca así terminar con la convivencia de tres justicias en la ciudad (la federal, la nacional y la porteña), un «error original», según el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, que quiere esta reforma desde 2003.

«El proyecto propone transferir a la Ciudad la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio pendiente desde 1994», dijo Fernández. Losardo dijo ayer que, con la reforma, la justicia nacional de la Ciudad se irá «diluyendo».

El proyecto de ley contempla transferir a los jueces nacionales «que manifiesten o hayan manifestado en forma expresa su consentimiento para ser transferidos» a la justicia porteña. Agrega que esos magistrados «conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad, obra social y derechos previsionales».

La reforma que tiene el sello de Fernández deberá empalmarse con el nuevo Código Procesal Penal, que introduce el sistema acusatorio y que por ahora solo empezó en Salta y Jujuy. Esa modalidad implica, en sí misma, un transformación de fondo en la Justicia porque dota de más poder a los fiscales para investigar y coloca a los jueces como «ordenadores» o «árbitros» del proceso. El proyecto prevé su implemetación en todo el país en el lapso de dos años.