Diciembre 2001: crónica de un mes en el que se aceleró la historia

Diciembre 2001: crónica de un mes en el que se aceleró la historia

Diciembre 2001: crónica de un mes en el que se aceleró la historia

La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, o crisis de 2001, también referida como el Cacerolazoel Argentinazo, o habitualmente denominada en forma simple dentro de la Argentina como el 2001, fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema «¡Que se vayan todos!», que causó la renuncia del entonces presidente de la Argentina Fernando de la Rúa, dando lugar a un período de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional. Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política. Durante la crisis fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados, 36 personas, entre ellas siete niños de entre trece y dieciocho años. Diciembre 2001: crónica de un mes en el que se aceleró la historia

El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del «Corralito», el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.​​ Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes, robos de camiones en las rutas, robos comunes, cortes de calles en las ciudades.

La revuelta se inició la noche del 19 de diciembre de 2001, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada. El 20 de diciembre A las 19:37 De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero.

Durante los siguientes doce días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Saa. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad a los representantes políticos, se extendería en los años siguientes.

Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes.6

«¡Asumí vos, Felipe!» Era una broma de un diputado, pero el ex líder español Felipe González puso cara de espanto al oírla. Salía de una oficina del Senado acompañado por Eduardo Duhalde y apareció en una sala llena de dirigentes peronistas, ansiosos por saber quién iba a ser el próximo presidente de la Nación.

Fernando de la Rúa había renunciado la noche anterior y en distintas ciudades velaban a los 39 muertos del estallido social del 20 de diciembre. A González el desastre lo sorprendió en vuelo a Buenos Aires, a donde viajaba para «ayudar» a De la Rúa, por pedido de grandes inversores españoles. Cuando aterrizó, el presidente era Ramón Puerta, un senador por Misiones que se dio cuenta al instante de que no tendría apoyo para gobernar.

El ticket a la Casa Rosada se definía en una mesa reservada: los 14 gobernadores del PJ, más Duhalde -el senador más votado dos meses antes- y Eduardo Menem, delegado de su hermano Carlos. Eran las 19 y debían presentar al país un candidato antes de la medianoche.

En la antesala las segundas líneas mataban el tiempo con especulaciones. «¿Sabés quién va a Turismo y Deportes?», preguntaba el diputado menemista Daniel Scioli a uno de sus colegas. El joven senador chaqueño Jorge Capitanich contaba sus ideas sobre cómo desactivar la convertibilidad. Otros se imaginaban en rutilantes fórmulas presidenciales.

La Argentina acababa de quebrar, todavía había fuego en las calles, pero la historia iba demasiado rápido aquel diciembre de 2001. Había que reescribir los manuales cada día.

El mes había empezado con un anuncio y una promesa. El anuncio: Domingo Cavallo, superministro de Economía, les comunicó a los argentinos que sólo se podrían sacar 250 pesos por semana de los bancos. El «corralito». La promesa la hizo De la Rúa, en un mensaje grabado al país en el que pedía comprensión por las restricciones. Mirando a cámara con un énfasis que le costó varios ensayos, auguró: «¡Estamos ganando la batalla!». Las colas de gente desesperada en los cajeros automáticos parecían contradecirlo. Su alianza de gobierno llevaba un año y medio quebrada, el capital huía en masa de la Argentina, el desempleo llegaba a niveles récord, la industria estaba paralizada y sostener la paridad peso-dólar se intuía utópico.

Dos días después, una delegación de sindicalistas de la CGT -con Cavalieri y Barrionuevo, entre otros- advirtieron en una reunión en la embajada de Estados Unidos que el peronismo volvería a gobernar en breve; que De la Rúa no podría seguir. Consta en un cable reservado que el embajador James Walsh envió esa tarde al Departamento de Estado.

El PJ había arrasado en las elecciones legislativas de octubre y se armó para el derrumbe: decidió quedarse con la presidencia del Senado, a manos de Puerta, y la de Diputados, con Eduardo Camaño. Diciembre había empezado con ese esquema de gobierno débil y oposición fuerte.

Los gobernadores peronistas ponían condiciones para aceptar los recortes que Cavallo pugnaba por imponer. El más firme era el santacruceño, Néstor Kirchner, que se destacaba en las reuniones por irse siempre antes y anunciar a la prensa su desacuerdo con cualquier pacto. Había sacado el equivalente a dos presupuestos de su provincia a Suiza y no compartía las urgencias del resto.

«No entiendo por qué tanto lío»

El 13 de diciembre -con el país paralizado por una huelga general- el gobierno evitó el default al cancelar deuda por 700 millones de dólares. Cavallo compró horas. Le tocaba presentar esa misma semana un presupuesto 2002 que convenciera al mundo financiero, con ajustes por más de 3000 millones de dólares.

El ministro tuvo listo el proyecto el domingo 16 y decidió dar detalles en entrevistas con los diarios. De noche, en el Palacio de Hacienda a media luz, un ministro ojeroso explicó que el ajuste iba a salvar la convertibilidad, que iba a resistir la «presión devaluatoria» que atribuía a la Unión Industrial, que la crisis sería superada, que no había motivos para temer un estallido social. Al terminar su diálogo con la nacion nos preguntó a los cronistas si comprendíamos por qué había tanta resistencia a sus medidas. «No entiendo por qué tanto lío con las restricciones bancarias; se puede pagar con tarjeta de débito, es más fácil, más rápido», decía. Se resistía a ver lo evidente: el terror era que los ahorros quedaran atrapados en los bancos.

Al amanecer del lunes empezaron los ataques a supermercados. Primero en Entre Ríos, luego Mendoza, Rosario y, al final, el Gran Buenos Aires. En la Capital, a De la Rúa lo recibieron a huevazos en un acto oficial. Los radicales que lideraba Raúl Alfonsín habían perdido contacto con la Casa Rosada. El peronismo se negaba en el Congreso a tratar el presupuesto. Para el miércoles 19, la situación era incontrolable: saqueos generalizados, comerciantes armados, militantes peronistas movilizando los barrios más pobres. De la Rúa reaccionó con otro mensaje grabado, bajo la «dirección» de su hijo Antonio. Decretó el estado de sitio. En pocos minutos la Plaza de Mayo se pobló de manifestantes. El «cacerolazo» y el grito de guerra «¡Que se vayan todos!» pasaron a la historia como símbolos de aquellos días tormentosos. La renuncia de Cavallo no frenó la protesta.

Y llegó el jueves 20

La quiebra de un país era eso. El asfalto de la Avenida de Mayo regado de sangre; los policías que disparaban en todas direcciones; esa multitud que hacía estallar a patadas las vidrieras de los bancos; la lluvia de piedras; un encapuchado que en Carlos Pellegrini paraba autos a palazos y obligaba a los conductores a bajarse. El humo de fogatas que se mezclaba con el gas pimienta. El silbido de balas que se intuían de plomo. Periodistas que recorríamos el desastre con los ojos irritados y el carnet de prensa colgado al cuello. Las cinco muertes durante la represión policial en los alrededores de la Plaza de Mayo esa tarde daban una angustiante dimensión humana a la tragedia económica.

De la Rúa intentó un acuerdo desesperado de cogobierno. El peronismo lo ignoró. A las 19.52 el helicóptero presidencial despegó sobre la plaza en llamas. El presidente había firmado su renuncia de puño y letra, a sugerencia del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini: lo convenció de que la historia debía recordarlo como un hombre de carne y hueso. El texto excluía cualquier atisbo de autocrítica.

Puerta juró y al día siguiente convocó en el Senado a la plana mayor del PJ. De aquella reunión -que tuvo a Felipe González como testigo- surgió el elegido: Adolfo Rodríguez Saá. Era el único que combinó su voluntad de asumir con el compromiso de dejar el gobierno en 90 días a quien ganara unas elecciones regidas por la ley de lemas. Es decir, el peronismo se aseguraba la victoria y, abrumado por el tiempo, delegaba en la ciudadanía la definición de su interna. Había sido condición de José Manuel de la Sota. El bonaerense Carlos Ruckauf se sumó al final, ilusionado con competir pese a que su provincia ardía. Kirchner también apoyó el plan. El santacruceño iba y venía pegado a Carlos Reutemann. Lo veía como el candidato mejor posicionado para ganar una elección en 2002; él se imaginaba como vicepresidente, para saltar en 2007 al despacho principal de la Casa Rosada. Sus interlocutores solían mirarlo como a un alucinado.

Rodríguez Saá se presentó, eufórico, en una accidentada conferencia de prensa convocada en el Salón Gris del Senado. «¿Es cierto que descarta competir en las elecciones?», le gritaron al irse. Él se dio vuelta, sonrió y guiñó un ojo. Tardó casi un día en jurar, mientras el país seguía en alerta. El peronismo tardó en conseguir los votos para la ley de lemas. Rodríguez Saá inició su mandato un domingo al amanecer con un anuncio y una promesa. El anuncio: el país dejaba de pagar la deuda externa; la promesa: crear un millón y medio de empleos con un plan de forestación en las rutas.

La Navidad frenética de Rodríguez Saá incluyó el lanzamiento frustrado de una nueva moneda, el «argentino», para salvar la convertibilidad, y empezó a enturbiarse después de un sudoroso festejo en la CGT en el que el presidente exhibió sus intenciones de quedarse en el poder mucho más de lo pactado con los caciques del PJ.

Se olvidó de que la calle seguía en ebullición: el «¡Que se vayan todos!» era la banda sonora de esos días. Y se potenció cuando la Corte convalidó el «corralito». Todo se mezclaba: el público -sensibilizado con la corrupción- descubrió que entre los asesores estelares del nuevo gobierno estaba Carlos Grosso, el ex intendente acusado en varias causas por negociados. La ola de cacerolazos asustó a Rodríguez Saá. La gente esa noche estuvo a punto de entrar en la Casa Rosada, antes de que la Plaza de Mayo luciera el vallado permanente a la altura de 25 de Mayo.

Rodríguez Saá convocó el 30 a los gobernadores peronistas a Chapadmalal y sólo fueron cinco. Se cortó la luz. Sintió que lo amenazaban. Se vio solo. Voló a San Luis y anunció por televisión su renuncia, en una transmisión que de tan improvisada llegó al resto del país sin sonido.

Se dice que entonces pasaron cinco presidentes en una semana, pero -para ser precisos- hubo 15 horas en las que no hubo ningún presidente. Puerta, que debía reasumir el gobierno, renunció a su cargo en el Senado. A horas del fin de año resultaba imposible reunir de urgencia al Congreso y los delegados de Rodríguez Saá se negaban a entregarle la renuncia a Camaño, presidente de la Cámara de Diputados y hombre de Duhalde, a quien el puntano acusaba de urdir un plan para desestabilizarlo.

El ministro de Justicia, Alberto Zuppi, amenazó con entregarle el gobierno a Julio Nazareno, número 1 de la Corte y símbolo de la justicia menemista. Camaño, que lo había recibido en un Congreso vacío, lo agarró de las solapas y lo echó. El escribano general de la Nación, Natalio Etchegaray, consiguió a las 5 de la tarde del 31 de diciembre que Rodríguez Saá enviara un fax con un pedido de licencia para facilitar el traslado del poder a Camaño mientras los legisladores llegaban a Buenos Aires. En un salón parlamentario casi a oscuras, el diputado asumió el Poder Ejecutivo y tuvo tiempo de homenajear a Antonio Cafiero, al que nombró jefe de Gabinete. El relevo estaba cantado: Duhalde -líder del aparato bonaerense- podría asumir sin condicionamientos para gobernar hasta el final del mandato de De la Rúa y con manos libres para aplicar su receta económica.

El diciembre negro terminó el 2 de enero con un anuncio y una promesa. El anuncio: el fin de la convertibilidad. La promesa: «quien depositó dólares recibirá dólares»; otra frustración. En cambio, sí se viene cumpliendo otra promesa que hizo en privado apenas juró: «Si enderezamos este barco, el peronismo no se va más del poder».