La falla de la Ley de Góndolas

La falla de la Ley de Góndolas

Dudas, temores y resignación. Tales son las sensaciones que prevalecen en el supermercadismo con la sanción de la “Ley de Góndolas”, una iniciativa que busca regular la oferta, el abastecimiento y los precios de productos básicos en las principales cadenas comerciales del país. Especialistas y empresas del sector subrayan la dificultad para cumplir con algunas exigencias de la ley y advierten que su aplicación podría ocasionar más perjuicios que beneficios a los consumidores. De todos modos, aguardan la reglamentación de la ley para hacer un balance definitivo.

Los impulsores del proyecto sostienen que, la intención de la ley, es lograr una equitativa exhibición de productos y evitar las posiciones dominantes de productos en grandes supermercados. En consecuencia, la ley, en sus puntos centrales, dispone un 30% de tope en el espacio de exhibición disponible por marca y no menos de cinco proveedores de un mismo producto por góndola. Asimismo, en las islas de exhibición y espacios próximos a las cajas de pago, resuelve que debe existir un espacio no menor al 50% que esté destinado a exponer productos elaborados por pymes.

La ley también prohíbe que las marcas alquilen espacios preferenciales en los supermercados para presentar su oferta de manera más destacada. Respecto a los productos de menor valor, no podrán tener poca visibilidad o estar ubicados en lugares de incómodo alcance para el consumidor.

En los días posteriores a la aprobación de la ley, se escucharon objeciones basadas en la dificultad para aplicar los criterios de la nueva norma, la limitada producción de pymes para responder a volúmenes de demanda supermercadistas y los problemas de empleabilidad de los repositores. Si bien es cierto que estas complicaciones serán consecuencias derivadas de la regulación, no vamos a caer aquí en el error y la miopía de analizar la mayor o menor practicidad y aplicabilidad de una ley pasando por alto el tema central: sus implicancias morales. No caben consideraciones de segundo orden sin antes destacar el escandaloso atropello a la propiedad privada y a los acuerdos libres implícitos en esta nueva legislación.

En los países prósperos, se le otorga mucha relevancia a la continua custodia de estos aspectos ya que representan los cimientos para la preservación de la libertad, los incentivos al propio progreso y la cooperación social. Estos valores son los que, en última instancia, permiten gozar de altos standards de prosperidad social, cultural y económica.

Pero, lamentablemente, la Ley de Góndolas es otra demostración de la burocracia constructivista que pretende extender sus manías paternales a los planos más increíbles y solo acaba por evidenciar un desconocimiento supino acerca de qué es el mercado y cómo funciona.

Si realmente se apunta a retomar la senda del crecimiento y a ayudar a las empresas y a la gente de a pie, se debe bajar el gasto público, terminar con la asfixiante red de trabas como la que propone esta ley -la cual se suma a otras 69.000 regulaciones vigentes- y reducir drásticamente más de 150 impuestos existentes en la actualidad.

El verso sobre “formadores de precios” en un proceso económico abierto constituye un mito que contradice todas las experiencias. No hay más que prestar atención a las series estadísticas de precios en épocas de una menor dispersión de ofertas en nuestro medio, donde los precios no se incrementaban debido a que la inflación monetaria era sustancialmente menor a la actual. Este es el cáncer: la manipulación de la moneda por parte de la llamada autoridad monetaria y no la cantidad de comerciantes en un rubro. El tema central en este aspecto es que el mercado esté abierto a todo el que quiera competir.

La “Ley de Góndolas” aplica a las grandes cadenas de comercialización. El llamado “canal moderno” tienen 3.483 puntos de venta y tienen una participación total de entre 35% del mercado total. “El mejor momento del supermercadismo fue en los 90, llegando al 50%”, dice Osvaldo del Río, de Scentia. El experto en consumo Guillermo Oliveto opina que ese aspecto de la iniciativa “es muy raro” y que “hay que ver cómo funciona”. De todos modos, considera que “no cambiarán los patrones de consumo”.