Gobierno declara servicio público a la telefonía fija, celular, servicios de Internet y el cable

Gobierno declara servicio público a la telefonía fija, celular, servicios de Internet y el cable

El Gobierno publicó este sábado el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece como «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» hasta el 31 de diciembre.

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche que declarará servicios públicos a la telefonía fija, celular y a los servicios de Internet. Lo realizará a través de un DNU que se publicará a medianoche en el boletín oficial. Con esta medida se congelan las tarifas de estos servicios y del cable hasta el 31 de diciembre.

La medida se concretará a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a partir del cual se dejarán sin efecto los aumentos de los abonos anunciados por algunas de las empresas prestadoras a partir del 1 de septiembre.

La medida en el Boletín Oficial remarca que, durante la gestión de Cambiemos, «mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».

“De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.
El mandatario también destacó que se procederá a congelar las tarifas telefónicas, de internet y de televisión paga hasta el 31 de diciembre. «Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios», declaró.
Además, explicó que la medida apunta a recuperar herramientas regulatorias «que el gobierno anterior quitó al Estado». «El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado», agregó.Fernández hizo referencia con esta frase al DNU 267 firmado por el expresidente Mauricio Macri apenas asumió el gobierno, en diciembre de 2015, con el que creó el Enacom y modificó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el que decidió dar de baja el poder regulatorio del Estado en esta materia dispuestas en 2014, a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.Además, la norma que se dará e conocer a través del Boletín Oficial, dará un paso más allá de lo derogado oportunamente por la gestión Cambiemos e incluirá a la telefonía celular entre los servicios públicos, esenciales y estratégicos.

El Presidente también indicó que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación «son derechos básicos que debemos preservar» y que por esta razón se instruyó para que de aquí en adelante «haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen».

El anuncio formulado esta noche por el Presidente también deja sin efecto el incremento de entre 10 y 15% que las tres mayores operadoras de telefonía celular -Movistar, Telecom Personal y Claro- tenían previsto aplicar a partir del primer día de septiembre.

El DNU dispondrá, entre otras cuestiones, que «se establecen a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (TIC), al acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de servicios TIC, como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia».

El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, explicó que «quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura pero también al trabajo y el desarrollo económico».

«Sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible» afirmó, al referirse a la medida dispuesta por el Gobierno.

En el mismo sentido, consideró que «era imprescindible recuperar la declaración de servicio publico que había eliminado el expresidente Mauricio Macri a la semana que asumió, dejando esto como una simple mercancía entre privados y no un derecho humano básico».

«Significa que si bien sigue siendo en competencia entre las empresas, ningún aumento puede hacerse sin la previa autorización del Enacom», apuntó.

«Después para abajo pueden hacer descuentos que consideren oportunos pero el tope del aumento lo pone el Estado», aseveró López al plantear el nuevo esquema de competencia que tendrán que abordar las compañías prestadoras de cada servicio.

El vicepresidente del Enacom también reseñó que se implementarán «las prestaciones básicas universales y obligatorias», lo que implica asegurar «los planes inclusivos y la tarifa social para los que no pueden acceder a un plan».

«El Estado ahora le va a garantizar el acceso a planes inclusivos a través de una prestación universal y que las empresas serán las encargadas de ofrecera un precio acordado» con la autoridad de aplicación.

Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, debido a que pasará a ser un «servicio público» y ya no estará sujeta a la decisión exclusiva de las empresas, como sucede en la actualidad.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo justificó la decisión de extender el congelamiento de los aumentos de los servicios a raíz de la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

«La situación de emergencia sanitaria que se está atravesando en el marco de la pandemia de COVID-19 y la consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios configuran una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos», subraya el DNU.

Y remarca que «en efecto, en este contexto, cobra mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones tanto para las empresas como para los y las habitantes de nuestro país».

En su articulado, el DNU ordena incorporar como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto: «Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad».

Luego, sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: «Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».

Y añade: «Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad».

 

Asimismo, el artículo 3° agrega como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente texto: «Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad».

En el artículo 4°, en tanto, se ordena: «Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades. Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción».

Sobre el final, el artículo 5° dispone que «las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente decreto respecto de los servicios a su cargo», y el artículo 6° designa como Autoridad de Aplicación del presente decreto al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)».