La Corte le puso un freno a la Ley Antievasión

La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso un freno a la ley Antievasión (25.345) sancionada en el año 2000. Dicha ley habilitaba a la AFIP para exigir que todos los desembolsos por un importe superior a $1.000 se hicieran con unos medios de pago específicos, normalmente a través de un banco. El problema es que dicho límite no se actualiza desde 2001, y ahora a casi cualquier pago le alcanza la restricción.

La obligación de bancarizar los pagos aumenta lo que recauda la AFIP por el Impuesto al Cheque y permite al organismo efectuar mejores controles sobre las operaciones comerciales. Si los contribuyentes no utilizan esos medios de pago, pueden tener como sanción la imposibilidad de computar el IVA que genera la operación como crédito fiscal así como la de deducir el gasto en el Impuesto a las Ganancias. Lo exagerado de la ley es que no admite otra prueba que pueda presentar el contribuyente para demostrar que la operación tuvo lugar.

La ley 11.683, en su artículo 34, permite que el contribuyente compute impositivamente los comprobantes en la medida que pueda demostrarse la veracidad de la operación (aunque no hubiera utilizado los medios de pago dispuestos por la ley antievasión), había un conflicto entre dos normas que, ante la misma situación, decían dos cosas distintas.

El caso y las consecuencias:

En los autos “Mera, Miguel Ángel contra la DGI” el contribuyente había descontado impositivamente comprobantes, mayores a mil pesos, en los años 2003 y 2004 que habían sido abonados en efectivo. Posteriormente, ante una inspección, la AFIP detectó esas operaciones e impugnó esos comprobantes, ocasionándole al contribuyente un costo impositivo (por IVA Y Ganancias) del 56% por los pagos realizados, más los recargos por sanciones.

El contribuyente recurrió entonces al Tribunal Fiscal, que le dio la razón. Luego de las distintas apelaciones de la AFIP, el caso llegó al máximo Tribunal, que falló finalmente a favor del contribuyente. Del fallo, lo más trascendente es decir que la Corte considera que el artículo 2 de la Ley 25.345 es inconstitucional, de esta manera se produciría un efecto arrastre a favor de todos los demás contribuyentes que se encuentran en la misma situación que la empresa actora.

Antecedentes

La ley antievasión (25.345) estableció que los pagos totales o parciales de sumas de dinero (o el equivalente en moneda extranjera) superiores a $ 1.000 no tendrían efectos entre las partes ni frente a terceros, si no se realizaban mediante alguno de los siguientes mecanismos:

  • Depósitos en cuentas de entidades financieras
  • Giros o transferencias bancarias

  • Cheques o cheques cancelatorios

  • Tarjetas de crédito, compra o débito

  • Endoso de factura de crédito (prácticamente sin uso).

Según la reglamentación, las empresas que no utilicen estos medios de pago, se encuentran imposibilitadas de computar las deducciones impositivas o créditos fiscales que surgen de los comprobantes abonados, incluso a pesar de que se demuestre la veracidad de las operaciones.

En el mes de agosto del 2003, la AFIP reglamentó la ley antievasión a través de la resolución 1547. En ese sentido, dispuso que cuando los pagos se realicen utilizando cheques, las empresas tienen que cumplir con determinados requisitos y dejar constancia en los comprobantes, o en las órdenes de pago, del medio de pago que fue utilizado. Originalmente, la ley antievasión había establecido el límite para los pagos en efectivo en $ 10.000. A partir de marzo del año 2001, mediante la ley 25.413 se redujo el importe a $ 1.000.

En referencia a las normas reglamentarias, hasta el mes de agosto del 2003 estuvo vigente la resolución de AFIP 151. Esta norma establecía los requisitos que tenían que cumplir los pagos por operaciones superiores a $ 10.000; en ese sentido los pagos que no fueran realizados con los medios autorizados no tenían efectos impositivos; pero en esa oportunidad sí se admitía la prueba en contrario, o sea el contribuyente podía demostrar la veracidad de la operación.