Senado dio media sanción al proyecto de la oposición

Por 48 votos a favor y 16 en contra, se aprobó la propuesta que plantea prohíbir despidos por 180 días. Los diputados deberán definir si convierten en ley una iniciativa que el macrismo amenaza con vetar

Con el aval de casi toda la oposición, el Senado dio media sanción a la ley antidespidos

La norma busca la prohibición de las cesantías por 180 días. Pero el oficialismo argumenta que no soluciona el problema del empleo. Ahora pasará a Diputados.

A casi cinco meses de la asunción de Mauricio Macri, la oposición le dio su primera derrota legislativa en el recinto del Senado: el proyecto que prohibe despidos sin causa y suspensiones por 180 días y reinstala la doble indemnización fue aprobado por 48 votos a favor y 16 en contra. El peronismo mostró su poder de fuego.
La iniciativa tuvo el respaldo de todos los senadores del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), parte del Peronismo Federal, el massismo, Proyecto Sur, el GEN y la Coalición Cívica-ARI. Mientras que la UCR y el PRO apenas pudieron sumar a tres peronistas al rechazo del texto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados y superar la amenaza del veto presidencial.

En cambio, el macrista Federico Pinedo cuestionó la iniciativa opositora al apuntar: “Cuando hay desempleo, lo que hay que hacer es generar empleo, esta es la obligación fundamental” y dijo que el dictamen de mayoría protege “a los trabajadores en blanco actuales”, pero quedan afuera “los trabajadores en negro y a la gente que no tiene empleo” así como no resuelve la situación de “los jóvenes que deben ser incorporados al empleo”.

Entre los que pidieron cambios figuraron el salteño Rodolfo Urtubey y el chaqueño Eduardo Aguilar, ambos del FPV, y los peronistas disidentes Juan Carlos Romero, Roberto Basualdo y Alfredo Luengo, así como la legisladora del Movimiento Popular Fueguino, Miriam Boyadjian, los últimos dos como representantes del Frente UNA.

“Si la Argentina terminara en Córdoba, diría que la ley está muy buena. Pero hay otra Argentina, donde hay un enorme tejido social de pequeños productores y comerciantes donde no se da la típica relación patrón-obrero”, justificó Urtubey.

“Si las pymes tienen que pagar doble indemnización, directamente, cierran. A las grandes, en cambio, no les pasa nada”, indicó Basualdo.

Por su parte, el salteño Romero pidió los mismos cambios y adelantó que, si no se aceptaba eliminar a las pymes de la redacción, iba a votar en contra.

En cambio, el massismo, representado en el chubutense Luenzo y la fueguina Boyadjian, también pidió que se excluya a las pymes, pero anunciaron que iban a votar a favor de la ley antidespidos en general.

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones
(S-1078/16)
PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. Declárese la emergencia pública en materia ocupacional por el término de CIENTO OCHENTA (180) días en todo el territorio nacional. La presente ley entrará en vi gencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 2º. Quedan prohibidos durante el término de CIENTO OCHENTA (180) días los despidos o suspensiones sin justa causa de trabajadores tanto en el ámbito público como en el ámbito privado.
Esta normativa se aplicará a todos los trabajadores, sin importar la modalidad contractual, ni la fecha de ingreso al empleo.
Artículo 3º: Por el plazo establecido en el artículo 1º, todo empleador, tanto público como privado, en caso de despedir o suspender a un trabajador deberá contar con la autorización expresa de la autoridad de aplicación en cada jurisdicción.
Artículo 4º: Créase la Comisión Bicameral de la Emergencia
Ocupacional que por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días será integrada por OCHO (8) Senadores Nacionales y OCHO (8) Diputados Nacionales, con el objetivo de promover en conjunto políticas públicas de protección del trabajo y de promoción de la generación de nuevos trabajos con todos los beneficios de la seguridad social.
Artículo 5º. La presente ley es de orden público.
Artículo 6º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.- Norma H. Durango
.- Miguel A. Pichetto.- Guillermo
J. Pereyra.- Roberto G. Basualdo.-
Marina R. Riofrio.- Juan M. Abal
Medina. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidente
El fortalecimiento de la República implica generar nuevos caminos
para garantizar la Justicia Social. La calidad de las instituciones se
fortalece cuando se garantizan los derechos humanos, familiares y
sociales consagrados en la Constitución Nacional. No hay plena

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

República sin Justicia Social, ni plena Justicia Social sin República, porque ambas son dimensiones inseparables y complementarias de la democracia.

En este sentido, el Congreso de la Nación ha sido recientemente escenario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en el Honorable Senado de la Nación de reuniones que contaron con la participación de representantes de las Confederaciones Generales del Trabajo y de las Centrales de Trabajadores Argentinos, donde distintos representantes del Pueblo de la Nación y de los Trabajadores hemos coincidido que abordar y buscar resolver la emergencia ocupacional que estamos viviendo se debe transformar en una política de Estado urgente y prioritaria.
En los mencionados encuentros se presentó la necesidad de promover una Agenda Social y Laboral que contribuya a garantizar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional: “el
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los
gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento
de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que
tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la
familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Que asimismo, es atribución consitucional del Congreso de la Nación “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores”
(artículo 75, inciso 19).
El trabajo decente con salarios dignos, con la protección de la Ley y con todos los beneficios de la seguridad social es la principal