El Gobierno a la venta de activos de la ANSES

Gobierno nacional logró despejar el camino judicial para disponer de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, en el marco del Programa de Reparación Histórica a jubilados. Luego de que un juez ordenara una medida cautelar que le impidió tocar esos recursos hasta tanto determinara la cantidad de pagos que debería hacer como resultado de los convenios que debían suscribir quienes accederían a un reajuste de haberes, el Ejecutivo logró que otro magistrado subrogante revirtiera la medida y rechazara el amparo. El denunciante, un jubilado que además fue ex-funcionario del organismo que ahora conduce Emilio Basavilbaso, apelará la medida ante la Cámara Federal de la Seguridad Social dado que, en primera instancia, rechazaron que pudiera plantear la acción invocando derechos colectivos.

En un fallo en el que ingresó a analizar el pedido de inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley de Reparación Histórica impulsada por el macrismo, el juez subrogante Fernando Strasser consideró que Miguel Ángel Fernández Pastor -que integró los equipos técnicos del organismo de la seguridad social durante la gestión de Massa no estaba habilitado para solicitar el amparo. Sin hacer lugar al pedido de prueba, del que también se había quejado el Gobierno, aseguró que “el planteo deducido es de tal generalidad que no permite tener por configurado el interés concreto de todas aquellas personas jubiladas y pensionadas”.

Juan Fantini, el juez original del expediente, que dictó la cautelar por tres meses, fue recusado por el Gobierno, que lo acusó de prejuzgamiento. A 21 días del pedido de apartamiento oficial, la Cámara de Apelaciones nunca resolvió su situación, y por ende nunca retomó el caso. Mientras tanto, se intentó unificar la causa con otra que había finalizado en 2007, algo que luego se revirtió. La jueza Alicia Braghini, que debía tramitar la causa durante la recusación -correspondiente al juzgado correlativamente siguiente al de Fantini-, evitó hacerse cargo del expediente y lo mandó a sorteo como si fuera un caso nuevo. Allí lo recibió Strasser, que es subrogante, pero además compite en un concurso por ser el titular de ese juzgado. Integra la terna que debe definir el Poder Ejecutivo para enviar su pliego al Senado. El demandante tiene hasta el miércoles próximo para presentar su apelación ante la Sala III de la Cámara, que luego de una semana sin ser definida será la que intervenga para revisar la decisión. El Gobierno tuvo otra buena noticia: logró esquivar la dura Sala II integrada por los jueces Luis Herrero, Emilio Fernández y Nora Dorado, que en su momento fueron la pesadilla para el kirchnerismo.

Strasser sostuvo que “no se ha demostrado el perjuicio concreto que ocasiona al interesado el sistema que pretende desplazar”, en relación al nuevo andamiaje legal aprobado por el Congreso que contempla el uso de activos del FGS, sumado al blanqueo y a otros ingresos para hacer frente al pago de haberes. “En cuanto al hipotético perjuicio que le irrogaría a la parte actora la utilización de los fondos del FGS, es conjetural ya que no se ha demostrado ni puede demostrarse el perjuicio”, subrayó sobre los activos valuados en $805.000 millones. Strasser argumentó que la mera posibilidad legal de disponer de esos fondos “no quiere decir que se tengan que utilizar” y fue más allá al decir que si dictaba el amparo podría entorpecer el futuro pago a jubilados. La duda que persiste más allá de Tribunales es la decisión económica de afrontar un flujo -como es el pago de sentencias y jubilaciones futuras- con un stock como el del blanqueo (hasta ahora limitado) o que pueda exceder los rendimientos de las inversiones realizadas en el marco del FGS, lo que podría requerir una liquidación adicional de las acciones en poder de la ANSES.