Estas desacatado!

Si la larga batalla legal entre Argentina y los fondos de inversión había alcanzado ya cotas sin precedentes, ahora una decisión del juez estadounidense Thomas Griesa añade otro capítulo a la telenovela financiera y política más enrevesada de Sudamérica: el desacato.

Según el juez del distrito de Nueva York, el mismo cuyas decisiones forzaron a Argentina a caer un default técnico en julio, el país está desobedeciendo su sentencia.

Esta obliga a Argentina a pagar unos US$1.300 millones, más intereses, a un grupo de fondos de inversión que ganaron un juicio contra el país, los calificados por el gobierno como “fondos buitres”.

Este lunes, Griesa declaró al país en “desacato” a pedido de los demandantes, por considerar que Argentina está evadiendo su orden judicial al haber aprobado una ley que le permite pagarle a sus bonistas reestructurados fuera de la jurisdicción de Estados Unidos.

Precisamente este martes, Argentina debe pagar unos US$200 millones por el vencimiento de sus bonos Par.

En otras palabras, “el desacato es una conducta en la que incurre una parte, sea Estado, sea persona natural o jurídica, en un procedimiento ante corte nacional o internacional”, explica Paz Zárate, experta en derecho internacional público de la consultora británica Oxford Analytica.

Según el gobierno argentino “la decisión del Juez Griesa no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina”.

“La decisión del Juez municipal Thomas Griesa de declarar en desacato a la República Argentina es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos”, argumentó la Cancillería argentina al conocerse la decisión del magistrado.

“Griesa ostenta el triste récord de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado Soberano por pagar una deuda, luego de fracasar en su intento de obstruir la restructuración de la deuda externa de la Argentina”, reza el comunicado del gobierno.

A falta de anuncios concretos por parte del juez, en el país se especula sobre cómo pueden afectar las sanciones: ¿se aplicarían sobre las autoridades argentinas o sobre el Estado en su conjunto? ¿Pueden afectar aún más el acceso a mercados financieros? ¿Tendrá algún impacto en la confianza de los inversores en el país?

A falta de respuesta a esas preguntas, lo que sí parece claro es que la decisión del juez puede añadir más tensión a las relaciones entre Buenos Aires y Washington.

Por un lado, el gobierno de Argentina pide a su par norteamericano que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia entre ambos países, algo sobre lo que hasta ahora el ejecutivo de Barack Obama no ha mostrado interés.