Inflación 25% y déficit fiscal de 4.8% del PBI

Estas son las metas que presentó Prat-Gay con su programa hasta el 2019. Programa de metas fiscales e inflacionarias (2016-2019)

“En temas fiscal e inflacionarios seremos cuidadosos, pero tendremos mano dura para avanzar en la dirección correcta”, estimó el ministro el referise al la politica de shock que se implentó para la devaluación. En esa línea anticipó que mediante el programa con metas presantado se intentará reducir el déficit fiscal en un punto. Pero, Prat Gay advirtió “todo esto sin tocar el gasto social, porque incluso vamos a extender la Asignación Universal a los hijos de los monotributistas”.

El secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, aseguró que “esto no es un ajuste, uno no está ajustando cuando gasta de mas”. La conducción económica está pensando en la elaboración de un presupuesto plurianual con baja más fuerte en el desequilibrio fiscal partir de 2017 para “finalizar la gestión del presidente Macri haciendo desaparecer esos casi 6 puntos de herencia que nos tuvimos que hacer cargo”.

Comentó que la directiva del Presidente fue “no toquen el gasto social, en la medida de lo posible incrementen el gasto en inversiones y vean dónde está el derroche en todos los ministerios”. Prat-Gay estimó, en base a las mediciones de las provincias y privadas, que el año 2015 cerró con una inflación del 27 a 28%, pero que se aceleró hacia fin de año. Al respecto consideró que “recibimos una inflación del 30%”.

A partir de este dato, propuso un compromiso de inflación para 2016 de 20 al 25% que bajará del 12 y 17% el próximo, a 8 a 12% para 2018 concluyendo el último año de la gestión Macri “en un dígito alrededor 5% anual”.

 
El déficit de la era “K”, Prat-Gay le sumó los gastos correspondientes a las promesas que el actual gobierno hizo durante su campaña. Entre ellas, la eliminación de las retenciones, la ampliación de la asignación universal por hijo a los monotributistas – un millón y medio de beneficiarios con un costo de 7.600 millones de pesos en el año -, la devolución del IVA a las familias en situación de vulnerabilidad – 10.300 millones de pesos en el año- o la modificación del impuesto a las ganancias – 37.000 millones de pesos -. En suma, el ministro calculó que la cuenta por estos conceptos se elevará a unos 100.000 millones de pesos en el año en curso.

Con respecto a los ingresos que no deben ser considerados, señaló que hacia mayo del año pasado el Banco Central giró un pago de intereses al Tesoro por 78.000 millones de pesos, con un fuerte deterioro en el patrimonio neto de la entidad que bajó “de un día para otro en 70%” y consideró que “no hay un antecedentes en el mundo de una empresa que gire semejante pago a sus accionistas”. Por otra parte, advirtió que el Tesoro se apropió de recursos que en realidad eran las rentas reales de los fondos de los jubilados. En suma, calculó que “lo que nos dijeron 2,3% (la administración anterior) resulta que fue 5,8%” del producto bruto de déficit.

Respondiendo una consulta por el ajuste de las cuentas públicas, el ministro sostuvo que “no es que se gasta mucho, se derrocha y se gasta se gasta mal”. Y, puso un ejemplo, relató que el jefe de Gabinete, Marcos Peña contribuyó a una mejora del gasto público al recortar la pauta publicitaria de la jefatura que era de 700 millones de pesos en solo 300 millones pesos.

Prat-Gay también se refirió a las reuniones que se están manteniendo con los acreedores externos y sostuvo que “es un tema que hay que resolver”, para luego reiterar un concepto ya anteriormente señalado en el sentido que “la basura no es nuestra pero no tenemos ningún problema en empezar a limpiarla” al hablar de la necesidad de normalizar las relaciones financieras internacionales.

El ministro calculó que la falta de un arreglo con los acreedores fue “extremadamente cara para el país”. Afirmó que el monto original de deuda que se dejó de pagar en 2001 fue de 2.943 millones sobre un total de cerca de 100.000 millones de dólares, es decir “una parte muy pequeña”. De todos modos, calculó que tras las sentencias judiciales desfavorables y el reclamo de otros acreedores (los “me too”) los pasivos ascienden a 9.882. Según Prat Gay, éste “es el costo de lavarse las manos por diez años, que fue fantástico para lavarse las manos y hacer política interna”. Al respecto dijo que “estoy hablando 6.000 millones de dólares resultantes de la desidia y si se agrega a los reclamos de los europeos la desidia puede tener un valor superior a los 10.000 millones de dólares”.

El Plan 2016-2019 no suena mal en los papeles, veremos si se concreta en la realidad.