El valor del barril de petróleo a nivel mundial, obliga al Gobierno a gastar más con su congelamiento ficticio

Sólo 3 semanas del acuerdo de estabilidad de precios de los combustibles líquidos, las petroleras ya sienten que les será imposible recuperar en surtidores lo que perderán en mayo y junio por el fuerte incremento del barril de crudo en el mundo y la devaluación del peso. Así, esperarán que el Estado les compense antes del 31 de marzo próximo, lo que implicará un mayor gasto en un momento en que se debe acelerar el ajuste fiscal.
Dicho de otra forma: el Estado subsidiará a toda la cadena para evitar que los aumentos de combustibles se trasladen indirectamente a los precios de los alimentos y encarezca el transporte y la logística. También se verán beneficiados los automovilistas. A cambio, el Estado entregará dinero a las petroleras, un sector con el que ya tiene una deuda de u$s 1500 millones por subsidios a la producción de gas que no se pagaron en todo 2017.
Las últimas cuentas que sacaron las compañías es que solamente por las variaciones del crudo y del tipo de cambio a partir del 2 de mayo, los precios de las naftas y el gasoil deberían ajustarse más de 25%. Hace tres semanas, los jerarcas de YPF, Shell y Axion firmaron con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, un entendimiento para no incrementar directamente 12% los precios, sino hacerlo en cuotas durante los últimos seis meses de 2018.

El Gobierno hizo borrón y cuenta nueva aquel día. Por lo que, si se tuviera en cuenta la última vez que hubo aumentos de combustibles (en abril), la variación superaría un 40%, por la combinación de la situación internacional (fortalecimiento del dólar a nivel global, sanciones a Irán por el acuerdo nuclear, crisis en Venezuela) y las debilidades locales que potenciaron este cuadro, con los precios de los combustibles liberados y atados al dólar desde el año pasado. Solo el valor del crudo representa el 89% del costo de las naftas, según consta en el texto del acuerdo.
Claramente, un shock de esa magnitud es imposible de aplicar sin perder mercado, según leyeron en el sector. Además, agregaría una presión inusitada sobre la inflación, un tema en el que deberá intervenir el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y coordinar con Aranguren desde hoy para al menos lograr que la suba generalizada de precios sea menor que en 2017 (24,8%), con la meta del 15% ya resignada.

El 5 de julio, cuando las cuentas estarán cerradas y se produciría el primer ajuste de los combustibles en 3 meses. Antes podría haber nuevos encuentros para recalibrar el acuerdo, aunque por ahora lo descartaron desde el Ministerio de Energía.

En el medio, Hacienda deberá definir una modificación del Impuesto a los Combustibles en junio en base a la inflación de los últimos tres meses, otro ítem que está en veremos. Difícilmente el Gobierno pueda avanzar en actualizar ese impuesto, ya que agregaría una nueva presión alcista.

Otro incremento en stand by es el de la electricidad. Para agosto, el Ministerio de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) habían fijado una nueva revisión en los precios de la electricidad, en base a los costos mayoristas con baja de subsidios y el traslado de la inflación mayorista semestral. Sin embargo, la semana pasada la Subsecretaría de Energía Eléctrica fijó los precios mayoristas entre mayo y octubre al mismo nivel de febrero, cuando un dólar valía $ 20.

El precio promedio que paga la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) es de u$s 74,8 por MWh, un valor sobre el que el Estado subsidia el 29%. Como el precio en pesos se mantuvo, el subsidio será mayor.

No son buenas noticias del exterior, para un Gobierno que ya no sabe por donde ajustar el gasto público, y pide ayuda a provincias….