La corte dio por válida la elección en Tucumán

La Corte Suprema tucumana rechazó la nulidad de los comicios de agosto pasado y dio por válido el resultado electoral que dio ganadora a la fórmula del Frente para la Victoria, encabezada por Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. La decisión, difundida esta madrugada, anularía la cautelar que impedía la proclamación del nuevo gobernador de Tucumán, dispuesta por la Cámara Contencioso Administrativa. Además, habilita a la Junta Electoral provincial a proclamar a los ganadores según lo dispuesto por el Código Electoral.

El fallo de la Corte de Tucumán aún puede ser recurrido y los abogados del Acuerdo para el Bicentenario anticiparon que presentarán el recurso extraordinario para que el caso llegue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si esta vía fracasa -el alto tribunal local debe habilitarla-, la oposición aún tiene la posibilidad de intentar un recurso de queja, por extraordinario denegado, directamente ante la Corte nacional.

Ese estrado puede, a su vez, rechazar el juicio o admitirlo y pronunciarse en un plazo indefinido de tiempo, lo que podría generar la intervención federal de la provincia si el caso no tiene una resolución final antes del 28 de octubre, fecha en la que finalizan los mandatos de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los legisladores.

Tucumán no cuenta con una Ley de Acefalía que pueda solucionar ese problema, aunque legisladores opositores presentarán en las próximas horas un proyecto para subsanar ese problema y evitar que la solución llegue por la vía de la intervención federal.

El proyecto contempla la posibilidad de prorrogar los mandatos del gobernador y vice, legisladores, intendentes, concejales y delegados comunales hasta que la causa se resuelva definitivamente en la Justicia.

En la sentencia revocada anoche por la Corte, Ruiz y López Piossek habían advertido sobre una serie de “vicios” que, a su criterio, terminaron invalidando el proceso electoral y condenaron el clientelismo, como la entrega de bolsones con comida a cambio de votos. “La del 23 de agosto no fue una elección libre y auténtica de carácter democrático”, resumieron los magistrados. Al apelar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el gobierno provincial había señalado que esas irregularidades “implicarían faltas o delitos electorales de acción pública que, en su caso, deberían ser investigadas y condenadas por la justicia penal competente”.