Qué son los holdouts

Quiénes son y cómo operan los hold outs especuladores

En Francia, el fondo NML Elliot había perdido un juicio contra el país el 4 de abril de 2013, ya que la Corte Suprema de Francia dictaminó que la Argentina tiene derecho a reestructurar su deuda externa y avaló los llamados para canjear títulos en default de 2005 y 2010. 11

Los títulos de deuda argentinos fueron emitidos en 1994, conforme al Fiscal Agency Agreement, acuerdo que prohíbe al emisor de deuda otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables que al resto de los adquirentes de dicho empréstito, lo que se conoce como cláusula pari passu. Tras el default del 2001, el país ofreció en 2005 y 2010 un canje de la deuda argentina a sus acreedores. En ambos canjes se reducían los montos y se diferían los pagos, lo que fue aceptado por el 93% de los tenedores de bonos.

Sobre ese país los fondos buitre han impuesto 28 embargos desde 2001,5 el Estado ha logrado recuperar todos los bienes por la vía legal, derrotando a los fondos buitre en todas las ocasiones.12 El 28 de noviembre la Organización Marítima Internacional (OMI) certificó que la Fragata Libertad es un buque militar y por lo tanto es innembargable. El 26 de junio de 2013, la Corte Suprema de Ghana obligó al fondo NML Elliot a pagar 8 millones de dólares a la administración del puerto de Tema por mantener secuestrada la Fragata Libertad. 13

El fondo Elliott Associates de Paul Singer demandó a la Argentina ante la Corte de Nueva York en 2011. El 7 de diciembre el juez Thomas Griesa falló a favor de los fondos NML Capital, Aurelius Capital, y algunos actores individuales) y declaró que el país violó la cláusula de pari passu. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó, el 26 de octubre de 2012, el fallo de Griesa. Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el acompañamiento de los gobiernos de Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, de la American Chamber of Commerce of Argentine y del Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz.14 15

En junio de 2013, en un escrito denominado “Amicus Curiae” (ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York), el gobierno de EEUU dijo que la interpretación de Griesa “podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana”

Un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera cercana a la quiebra.1 De acuerdo con el periodista Alcadio Oña, el modus operandi de los fondos buitre consiste simplemente en comprar en el mercado deuda de Estados y empresas al borde de la quiebra, normalmente al 20% o al 30% de su valor nominal (su valor facial), y luego litigar o presionar por el pago del 100% de este valor.2 En otras palabras, mediante la especulación financiera, los fondos buitre compran títulos de deuda de los países en una situación económica difícil, a precio muy bajo para luego litigar en los foros internacionales e intentar cobrar la totalidad del valor de esos bonos.3

Como marco de fondo debe recordarse que el 10 de marzo de 1989, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, Nicholas Brady, modificó la política de este país respecto a la deuda internacional. Bajo la nueva política, conocida como “el Plan Brady”, se instó a los prestamistas para que, de manera voluntaria, condonaran parte de la deuda no atendida por los países menos desarrollados, reestructuraran el saldo de la deuda que quedaba pendiente de pago y otorgaran préstamos adicionales a esos países.

El cobro de las deudas soberanas era rara hasta la década de 1950, cuando la inmunidad soberana de los emisores públicos fue restringida. [8] Esta tendencia fue desarrollada debido a la larga historia de impagos a los acreedores comerciales por parte de los gobiernos emisores con muchísima impunidad. Las acciones legales de cobro de la deuda soberana se iniciaron en la década de 1950. Un ejemplo fue la congelación de las reservas de oro de Brasil en poder de la Reserva Federal.

La práctica de inversión en deudas soberanas con la intención de demandar también se restringió debido a leyes especiales y por el hecho de que la mayor parte de las deudas soberanas eran acumulables. En virtud de las Doctrinas de Champerty, era ilegal en Inglaterra y los Estados Unidos comprar una deuda con la única intención de litigar sobre ella. La distinción que si la deuda fue adquirida para efectuar una recuperación o facilitar la inversión, la doctrina no era prohibida. La mayoría de las jurisdicciones han eliminado esta doctrina arcaica.

Del mismo modo, la deuda soberana con acreedores comerciales a finales de 1980 se llevó a cabo principalmente por los complejos bancarios. Este fue el resultado de la crisis de los petrodólares de la década de 1970, cuando los ingresos petroleros se reciclaron en los préstamos bancarios. La sindicación de deuda entre los bancos hizo recuperación poco práctica, como un fondo, con la intención de litigar.

En los ochentas los esfuerzos de reprogramación de la deuda en América Latina crearon muchos instrumentos nuevos y fácilmente comercializados como bonos Brady que trajeron nuevos jugadores en el mercado, incluidos los bancos y fondos de cobertura. Los acreedores originales luego escribieron sus posiciones y vendieron la deuda en el mercado secundario, que es un mercado compuesto por bancos y fondos de inversión centrados en la compra con descuentos para lograr una rentabilidad por encima del mercado en sus inversiones.

En este proceso, la cantidad de deuda se recompró y convertida en moneda local por los emisores soberanos de países en los programas de conversión de deuda oficiales diseñados para atraer la inversión, y en los países gravemente endeudados a través del Banco Mundial recompra financiados. El resultado es que las viejas estructuras se rompieron y muchas deudas recalcitrantes estaban disponibles para su compra con descuentos que superan el 80% del valor de capital nominal.
El nombre es una metáfora que compara a estos inversores de estos fondos con los buitres al sobrevolar pacientemente, esperando para lanzarse sobre los restos de una compañía que se debilite rápidamente; o, en el caso de las deudas soberanas, de un país deudor. Los operadores de mercado prefieren evitar esta denominación con denotación negativa, y en su lugar los llaman distressed debt o «fondo de situaciones especiales» (special situations funds, en inglés). La presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión de una disputa con un fondo buitre que culminó con el secuestro de la Fragata Libertad en un puerto extranjero, afirmó que «los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos; los fondos buitre sobrevuelan sobre países endeudados y en default. Son depredadores sociales globales.»4 5

Los fondos buitre no solamente compran deudas de deudores corporativos, sino también de deudas soberanas estatales. Ese es el reciente caso de Argentina, por ejemplo, en el que los fondos buitre adquirieron una porción de la deuda pública externa a bajos precios (a veces sólo el 20 % de su valor nominal), e intentaron que les pagaran cuando explotó la crisis económica argentina de 2001. Un solo fondo buitre administrado por Kenneth B. Dart, heredero de la fortuna de la Dart Container, reclamó 700 millones de dólares en un juicio contra el gobierno argentino. Sobre Dart también pesan sospechas de prácticas comerciales e impositivas irregulares, con las que habría logrado arrasar la competencia en el rubro de la fabricación y comercialización de recipientes y vasos de plástico térmicos, con el objeto de girar fondos al extranjero libre de control estatal.3

Elliott Associates tiene un largo historial de compra de deudas con el propósito de entablar juicios contra ellas. Según la legislación de Nueva York, jurisdicción en que se dirime el juicio de los fondos buitres contra Argentina, es ilícito comprar deuda con la intención y el propósito de litigar contra ella (N.Y. JUD. LAW § 489: NY Code – Section 489: Purchase of claims by corporations or collection agencies). Sin embargo, hasta ahora, de un modo u otro, estas organizaciones han logrado evadir la condena prevista en la norma.

Jay Newman, experto en la compra de deuda soberana de países en desarrollo y Michael Strauss asesoraron a Water Street en lo concerniente a las compras de instrumentos de deuda de Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Panamá y Congo, garantizadas por los respectivos Estados. Posteriormente, Water Street entabló demandas contra cada uno de esos Estados con el objeto de obtener el pago íntegro de la deuda que había comprado. Strauss actuó como apoderado judicial de Water Street en cada uno de estos litigios. En mayo de 1995, los inversionistas de Water Street decidieron liquidar el fondo y Jay Newman “colaboró activamente en la liquidación de Water Street”. Michael Strauss se había familiarizado con los elementos de la práctica de champerty (mediación interesada de parte indebida en litigio). Los clientes de Strauss fueron culpados de aplicar la Doctrina Champerty6 en los casos Banque de Gestion Privee-SIB contra la República de Paraguay, Suplemento de Fallos Federales, Vol. 787, pág. 53 (Distrito Sur de Nueva York); Water St. Bank and Trust Ltd. contra la República del Congo, acción civil 94-1894 (juez SS) (Distrito Sur de Nueva York); y Water St. Bank and Trust Ltd. contra la República de Polonia, acción civil 95-0042 (juez LAP) (Distrito Sur de Nueva York). Adicionalmente, Strauss conocía el caso de CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Ltd., contra Banco Central do Brasil, Suplemento de Fallos Federales, Volumen 886, pág. 1105 (Distrito Sur de Nueva York) en que el demandado adujo la existencia de la práctica de champerty.

El Banco Mundial estima que más un tercio de los países que han cumplido los requisitos de sus respectivos programas de reestructuración de deuda soberana han sido blanco de al menos 26 fondos buitres. Estos buitres han logrado cobrar hasta un total de 1.000 millones de dólares en deudas soberanas. Muchos países prohíben que los fondos buitres puedan demandar ante sus cortes el cobro de esas deudas, pero quedan todavía algunas jurisdicciones, como la Isla de Jersey y las Islas Vírgenes Británicas