Más controles para compra de vehículos a partir de $350.000

El Gobierno aumenta el control en las operaciones de compraventa de vehículos por un valor superior a los $350.000. Según la Disposición 446 de la Subdirección de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DRNPA), publicada hoy en el Boletín Oficial, es para combatir el lavado de dinero. La medida obliga a las partes a dar detalles de su situación financiera y tributaria y recomienda informar “cuando haya elementos que lleven a suponer que un cliente no actúa por cuenta propia”.

Además de evitar el lavado de dinero, la medida tiene otra utilidad clave: funcionaría como un freno parcial a la fuga de divisas, teniendo en cuenta que los importadores de autos tienen acceso a los dólares oficiales del Banco Central para adquirirlos.

Como explica el diario financiero El Cronista, el que usa dólares no declarados para comprar autos invierte US$ 36 mil para adquirir un auto que cuesta US$ 58 mil. El cálculo es sencillo: un auto de 350 mil pesos significa unos 58 mil dólares al cambio oficial (los dólares que el BCRA pone a disposición de los importadores). Sin embargo, en el mercado paralelo bastan US$ 36 mil para hacerse de los 350 mil pesos que pide la concesionaria.

Junto con la inflación, que impulsa a los ahorristas a convertir sus pesos en activos con menor depreciación, esta diferencia en el precio del dólar ha sido una de las razones detrás del auge en el mercado de autos de lujo. Al mismo tiempo que se dan bajas en los patentamientos de autos más chicos, se registró un aumento en el patentamiento de importados. Alfa Romeo vendió en julio de 2013 un 114,36% más que un año antes. Las ventas de Porsche crecieron 97,44% en el mismo mes.

Junto con las resoluciones 488 y 489 de la Unidad de Información Financieras publicadas la semana pasada, la disposición de hoy aspira a terminar con los dólares en negro que están espoleando la demanda de autos de lujo. Como dice El Cronista, en las operaciones de compraventa citadas habrá que dar ahora “todo un rosario de datos”: “Origen de fondos, certificado de Contador Público matriculado intervenido por el Consejo Profesional, documentación bancaria donde surja la existencia de los fondos, documentación que acredite la venta de bienes muebles o inmuebles cuyo dinero se utilizó para comprar el vehículo; monto, tipo y frecuencia de la compra de vehículos”.

La Disposición 446 de la DRNPA involucra a automóviles, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, camiones, ómnibus y microómnibus: “Motovehículos de dos, tres o cuatro ruedas de 300 centímetros cúbicos de cilindrada o superior”. Se establece una especial atención en “la cancelación anticipada de prendas en un período inferior a seis meses y su reinscripción sobre el mismo bien, sin razón que lo justifique” y se pretende vigilar los casos de “operaciones sucesivas sobre un mismo bien en el plazo de un año, cuando la diferencia de precio de la primera operación sea de 30 por ciento o más”.

 

 

 

 

 

Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO
DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Disposición 446/2013
Disposición Nº 293/2012. Modificaciones.
Bs. As., 8/11/2013
VISTO la Ley Nº 25.246 y su modificatoria, las Resoluciones Nº 125 del 5 de mayo de 2009, 11 del
13 de enero de 2011, 127 del 20 de julio de 2012 y 488 del 31 de octubre de 2013, todas de la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y la Disposición D.N. Nº 293 del 31 de julio de 2012 y
sus modificatorias (104 del 14 de marzo de 2013 y 132 del 4 de abril de 2013), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 488/13 de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA —en su carácter de
organismo autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y atento el rol
que le fuera asignado por el artículo 6º de la Ley Nº 25.246 (y sus modificatorias) sobre Encubrimiento y
Lavado de Activos de origen delictivo— introdujo modificaciones en el texto de la Resolución Nº 127 de
fecha 20 de julio de 2012, por la que se establecen las medidas y procedimientos que este organismo y los
Registros Seccionales que de él dependen en su carácter de Sujetos Obligados deben observar para
prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Que la Disposición D.N. Nº 293/12 (modificada por sus similares Nº 104/13 y 132/13) ha reglamentado
oportunamente, las previsiones establecidas por la Resolución UIF Nº 127/12.
Que las modificaciones citadas refieren a la definiciones de cliente y automotores que quedarán sujetos a
los controles impuestos por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCERA, de conformidad con lo
determinado en los artículos 1° y 2° de la Resolución UIF Nº 488/13.
Que también introduce modificaciones en las obligaciones de los Sujetos Obligados, (esta Dirección
Nacional y los Encargados de Registros Seccionales) en especial sobre los requisitos que se deben solicitar
a otros Sujetos Obligados, en los términos del artículo 3° de la resolución referida.
Que, asimismo, se han incorporado modificaciones en la documentación a requerir tanto a las personas
físicas como jurídicas que realizan trámites ante los Registros Seccionales, conforme el artículo 4° de la
resolución citada.
Que la modificación normativa ha redefinido el perfil de cliente establecido en el artículo 6° de la resolución
mencionada.
Que por otro lado es necesario incorporar otras pautas de control a la guía de transacciones inusuales o
sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo que forman parte del anexo III de la
Disposición D.N. Nº 293/12, por razones operativas.
Que, en consecuencia, resulta preciso modificar los artículos 1°, 3°, 4°, 5° y 7°, y el anexo III, de la
Disposición D.N. Nº 293/12 y sus modificatorias, a fin de aplicar en la normativa registral las modificaciones
introducidas por la Resolución UIF Nº 488/13.Que en razón de que los sujetos alcanzados por el Régimen Registral Automotor son usuarios, para la
interpretación de la presente disposición deben entenderse los términos cliente y usuario como sinónimos.
Que ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES.
Que la competencia de la suscripta para el dictado de la presente surge del artículo 2°, inciso c), del Decreto
Nº 335/88.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA NACIONAL
DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:
Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 1° de la Disposición D.N. Nº 293/12, que quedará redactado como a
continuación se indica:
“Artículo 1°.- Quedan alcanzados por la presente Disposición todas aquellas personas físicas o jurídicas
que realizan trámites en nombre propio o en cuyo beneficio o nombre se realizan trámites, ante los
Registros Seccionales de inscripción inicial, transferencia, constitución y cancelación anticipada de prenda,
ya sea una vez, ocasionalmente o de manera habitual, relacionados con motovehículos de 2, 3, ó 4 ruedas
de 300 cc. de cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria
agrícola y vial autopropulsados, y en el caso de prendas tanto de los vehículos detallados como de bienes
muebles registrables.
Quedan comprendidas en este concepto las simples asociaciones del artículo 46 del Código Civil y otros
entes a los cuales las leyes especiales les acuerden el tratamiento de sujetos de derecho.”
Art. 2° — Sustitúyese el artículo 3° de la Disposición D.N. Nº 293/12 que quedará redactado como a
continuación se indica:
“Artículo 3º.- En caso de operaciones realizadas por otros Sujetos Obligados, se deberá solicitar a los
mismos una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, junto con la correspondiente constancia
de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. En el caso de que no se acreditaren
tales extremos, deberán aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas.”
Art. 3° — Sustitúyese el artículo 4° de la Disposición D.N. Nº 293/12 que quedará redactado como a
continuación se indica:
“Artículo 4°.- Sin perjuicio del cumplimiento de los demás recaudos establecidos en la normativa vigente,
los peticionantes deberán consignar los siguientes datos en la Solicitud Tipo correspondiente y acompañar
la documentación requerida:
Personas Físicas:
a) Nombre y apellido completos.
b) Fecha y lugar de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Sexo.
e) Número y tipo de documento de identidad, que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una
copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad el Documento Nacional de
Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente
de los respectivos países limítrofes o Pasaporte.f) C.U.I.L. (código único de identificación laboral), C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I.
(clave de identificación). Este requisito también será exigible a extranjeros, en caso de corresponder.
g) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal).
h) Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
i) Declaración jurada indicando estado civil; profesión, oficio, industria o actividad principal que realice.
En el caso de personas físicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el artículo 16 de la
Resolución UIF Nº 127/12 y sus modificatorias, se deberá requerir la información consignada en los incisos
precedentes, una declaración jurada indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta
Políticamente, de acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia y la documentación respaldatoria
para definir el perfil del usuario.
Personas Jurídicas:
a) Denominación o Razón Social.
b) Fecha y número de inscripción registral.
c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito también
será exigible a Personas Jurídicas extranjeras, en caso de corresponder.
d) Fecha del contrato o escritura de constitución.
e) Copia del estatuto social actualizado, certificada por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.
f) Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal).
g) Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad principal realizada.
h) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o
autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.
i) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de
firma, que operen ante el Registro Seccional en nombre y representación de la persona jurídica, conforme lo
prescripto en el punto I del artículo 11 de la Resolución UIF Nº 127/12.
En el caso de personas jurídicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el artículo 16 de la
Resolución UIF Nº 127/12 se deberá requerir:
a) La información consignada para Personas Jurídicas en los incisos precedentes.
b) Una declaración jurada en la que se indique la titularidad del capital social (actualizada).
c) Una declaración jurada en la que se identifiquen a los Propietarios/Beneficiarios y a las personas físicas
que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica.
d) Una declaración jurada en la que se indique expresamente si las personas identificadas en el apartado c)
precedente, revisten la calidad de Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo con la Resolución UIF
vigente en la materia.
e) Las declaraciones juradas a que se refieren los apartados b), c) y d) precedentes podrán ser suscriptas
por las autoridades o por los representantes legales de la persona jurídica.
f) La documentación respaldatoria para definir el perfil del usuario, conforme lo previsto en el artículo 16 de
la Resolución UIF 127/12”.
Art. 4° — Sustitúyese el artículo 5° de la Disposición D.N. Nº 293/12 (modificada por sus similares Nº 104/13
y 132/13), que quedará redactado como a continuación se indica:
“Artículo 5°.- En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 350.000) los Encargados de Registro deberán definir un perfil
del usuario, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica,
patrimonial, financiera y tributaria, se requerirá dicha documentación respaldatoria o información que
acredite el origen de los fondos.
A esos efectos se tendrá por válida, alternativamente:
a) declaraciones juradas de impuestos;
b) copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra;
c) certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo
Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma;
d) documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos;
e) documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes
suficientes;
f) cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la
operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Encargado de
Registro.
También deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que realiza el
usuario, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria. Los requisitos previstos
en este artículo serán de aplicación, asimismo, cuando los Sujetos Obligados hayan podido determinar que
se han realizado trámites simultáneos o sucesivos en cabeza de un titular, que individualmente no alcanzan
el monto mínimo establecido, pero que en su conjunto lo excede.
Los controles adicionales indicados en el presente artículo quedarán circunscriptos a las operaciones
relacionadas con motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior; coupé; microcoupé;
sedán de 2, 3, 4 ó 5 puertas; rural de 2, 3, 4 ó 5 puertas; descapotable; convertible; limusina; todo terreno;
familiar y pick up.
Cuando se tratare de personas físicas, éstas deberán suscribir asimismo la “Declaración Jurada sobre la
condición de Persona Expuesta Políticamente” cuyo modelo obra como Anexo I —Anverso y Reverso— de
la presente.
Cuando se tratare de personas jurídicas, sus autoridades o representantes legales deberán suscribir una
declaración jurada en la que: a) se indique la titularidad del capital social actualizada; b) se identifique a los
propietarios/beneficiarios y a las personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la
persona jurídica; c) se indique si las personas identificadas en el punto b) revisten la calidad de “Personas
Expuestas Políticamente” de acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia.
En ambos casos, esas declaraciones deberán integrarse por duplicado, uno de cuyos ejemplares
intervenido por el Registro Seccional servirá como constancia de recepción de la misma para el
peticionante.”
Art. 5° — Sustitúyese el Anexo III de la Disposición D.N. Nº 293/12 por el que obra como Anexo de la
presente.
Art. 6° — Las modificaciones introducidas por la presente entrarán en vigencia a partir del día de su
publicación.
Art. 7° — Regístrese, comuníquese, atento su carácter de interés general, dése para su publicación a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese. — Mariana Aballay.
ANEXO
GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS DE LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO Y OTRAS PAUTAS DE CONTROL
Las operaciones mencionadas en la presente guía no constituyen, por sí solas o por su sola efectivización o
tentativa, operaciones sospechosas. Simplemente constituyen una ejemplificación de transacciones que
podrían ser utilizadas para el lavado de activos de origen delictivo y la financiación del terrorismo.
En atención a las propias características de los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo,
como así también la dinámica de las tipologías, esta guía requerirá una revisión periódica de las
transacciones a ser incluidas en la presente.
La experiencia internacional ha demostrado la imposibilidad de agotar en una guía de transacciones la
totalidad de los supuestos a considerar, optándose en virtud de las razones allí apuntadas, por el
mecanismo indicado en el párrafo precedente.
La presente guía deberá ser considerada como complemento de la norma general emitida.
a) Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no guarden
relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos.
b) Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones
que realicen los clientes.
c) Cuando transacciones de similar naturaleza, cuantía, modalidad o simultaneidad, hagan presumir que se
trata de una operación fraccionada a los efectos de evitar la aplicación de los procedimientos de detección
y/o reporte de las operaciones.
d) Cuando los clientes se nieguen a proporcionar datos o documentos requeridos por los Sujetos Obligados
o bien cuando se detecte que la información y/o documentación suministrada por los mismos se encuentre alterada.
e) Cuando se presenten indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los fondos utilizados en las
operaciones, respecto de los cuales los Sujetos Obligados no cuenten con una explicación.
f) Cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y/o costos de
las transacciones, incompatible con el perfil económico del mismo.
g) Cuando las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados “paraísos fiscales” o
identificados como no cooperativos por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
h) Cuando existiera el mismo domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas o cuando las mismas
personas físicas revistieren el carácter de autorizadas y/o apoderadas de diferentes personas de existencia
ideal, y no existiere razón económica o legal para ello, teniendo especial consideración cuando alguna de
las personas jurídicas estén ubicadas en paraísos fiscales y su actividad principal sea la operatoria “off
shore”.
i) Cuando las partes intervinientes en la operatoria exhiban una inusual despreocupación sobre las
características del bien objeto de la operación y/o muestren un fuerte interés en la realización de la
transacción con rapidez, sin que exista causa justificada.
j) Cuando los Sujetos Obligados tengan conocimiento de que las operaciones son realizadas por personas
implicadas en investigaciones o procesos judiciales por hechos que guardan relación con los delitos de
enriquecimiento ilícito y/o Lavado de Activos.
k) Cuando se abonen grandes sumas de dinero en cláusulas de penalización sin que exista una justificación
lógica del incumplimiento contractual.
l) Cuando se efectúen habitualmente transacciones que involucran fundaciones, asociaciones o cualquier
otra entidad sin fines de lucro, que no se ajustan a su objeto social.
m) Precios excepcionalmente altos o bajos con relación a los bienes objeto de la transacción.
n) La tentativa de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas cuyos datos de identificación,
Documento Nacional de Identidad, C.D.I. (clave de identificación), C.U.I.L. (código único de identificación
laboral) o C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) no hayan podido ser validados, o no se
correspondan con el nombre y apellido o razón social de la persona involucrada en la operatoria.
ñ) La cancelación anticipada de prendas en un período inferior a los SEIS (6) meses y su reinscripción sobre
el mismo bien, sin razón que lo justifique.
o) La inscripción, transferencia, cesión o constitución de derechos sobre bienes a nombre de personas
físicas o jurídicas con residencia en el extranjero, sin justificación.
p) Las operaciones de compraventa sucesivas sobre un mismo bien en un plazo de UN (1) año, cuando la
diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea igual o superior al TREINTA (30) por
ciento.
q) Los endosos de prendas realizados en un período inferior a los SEIS (6) meses de la respectiva
inscripción originaria, sin razón que lo justifique.
r) La baja o alta de inscripciones por la exportación e importación de bienes, sin justificación económica o
jurídica, o razón aparente.
s) La multiplicidad de inscripciones o anotaciones en cabeza de una misma persona, ya sea física o jurídica,
dentro del plazo de UN (1) año.
La existencia de uno o más de los factores descriptos en esta guía deben ser considerados como una pauta
para incrementar el análisis de la transacción. Sin embargo, cabe aclarar que la existencia de uno de estos
factores no necesariamente significa que una transacción sea sospechosa de estar relacionada con el
lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.
OTRAS PAUTAS DE CONTROL:
a) En todos los casos adoptar medidas adicionales razonables, a fin de identificar al beneficiario final,
verificar su identidad y cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas Expuestas
Políticamente.
b) Cuando existan elementos que lleven a suponer que los clientes no actúan por cuenta propia, obtener
información adicional sobre la verdadera identidad de la persona (titular/cliente final o real) por cuenta de la
cual actúa y tomar medidas razonables para verificar su identidad.
c) Prestar atención para evitar que las personas físicas utilicen personas de existencia ideal como un
método para realizar sus operaciones.
d) Evitar operar con personas de existencia ideal que simulen desarrollar una actividad comercial o una
actividad sin fines de lucro.
e) Prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones relacionadas
con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
A estos efectos se deberá considerar como países o territorios declarados no cooperantes a los catalogados
de tal manera por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (www.fatf-gafi.org).En igual sentido deberán tomarse en consideración las relaciones comerciales y operaciones relacionadas
con países o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos
del Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las cuales deben aplicarse medidas de debida
diligencia reforzadas.

 

 

 

 

Unidad de Información Financiera
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución 488/2013
Resolución N° 127/2012. Modificación.
Bs. As., 31/10/2013
VISTO, el Expediente Nº 429/2012 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA,
lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nº 290 del 27 de marzo de
2007, su modificatorio y Nº 918 del 12 de junio de 2012, y en la Resolución UIF Nº 127 del 20 de
julio de 2012 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 6º de las Leyes Nº 25.246 y sus modificatorias y Nº 26.734
esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA es el Organismo encargado del análisis, tratamiento y
transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos (artículo 303
del Código Penal) y de Financiación del Terrorismo (306 del Código Penal).
Que el artículo 13, inciso 2. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias establece que es competencia de la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y
operaciones que puedan configurar actividades de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo y, en
su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del MINISTERIO PUBLICO, para el
ejercicio de las acciones pertinentes.
Que las modificaciones que se incorporan por la presente Resolución tienen por objeto mejorar la eficiencia
del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo concentrando los esfuerzos
en aquellas cuestiones en las que existe mayor riesgo de comisión de los citados delitos y facilitando el
cumplimiento de la normativa por parte de los Sujetos Obligados a los que se dirige.
Que asimismo, se han unificado los criterios que deben utilizar los distintos Sujetos Obligados
pertenecientes al sector.
Que la unificación de criterios permitirá simplificar las tareas que deben cumplir los Sujetos Obligados
involucrados en una misma operación.
Que a esos efectos se han mantenido reuniones con diversas Cámaras Representantes de los sectores
involucrados y con funcionarios de la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.
Que en virtud de lo antes expuesto se precisa en la presente resolución, por un lado, quiénes son clientes y
cuáles son los bienes respecto de los que los Sujetos Obligados deberán efectuar controles en materia de
Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.
Que de esta forma en la presente se recepta lo establecido en la Recomendación 1, de las 40
Recomendaciones para prevenir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo del
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL, que establece que, a los efectos de un combate
eficaz contra los mencionados delitos los países deben aplicar un enfoque basado en el riesgo, a fin de
asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados.Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA ha tomado la
intervención que le compete.
Que el Consejo Asesor tomó la intervención que es de su competencia, conforme lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 25.246.
Que el Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA comparte el temperamento del Consejo
Asesor.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 14, 20 bis, 21 y 21 bis de
la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESUELVE:
Artículo 1º — Sustitúyase el inciso b) del artículo 3º de la Resolución UIF Nº 127/12 por el siguiente: “b)
Cliente: son todas aquellas personas físicas o jurídicas que realizan trámites en nombre propio o en cuyo
beneficio o nombre se realizan trámites, ante los Sujetos Obligados, ya sea una vez, ocasionalmente o de
manera habitual, relacionados con motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior,
automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados.
Quedan comprendidas en este concepto las simples asociaciones del artículo 46 del Código Civil y otros
entes a los cuales las leyes especiales les acuerden el tratamiento de sujetos de derecho.”.
Art. 2º — Incorpórese como inciso h) al artículo 3º de la Resolución UIF Nº 127/12, el siguiente: “h)
Automotores: serán considerados como tales únicamente aquellos tipos de vehículos denominados como:
motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior; coupé; microcoupé; sedán 2, 3, 4 ó 5
puertas; rural 2, 3, 4 ó 5 puertas; descapotable; convertible; limusina; todo terreno; familiar o pick up.”.
Art. 3° — Sustitúyase el artículo 10 de la Resolución UIF Nº 127/12 por el siguiente: “ARTICULO 10. – Los
Sujetos Obligados deberán:
a) En todos los casos adoptar medidas adicionales razonables, a fin de identificar al beneficiario final,
verificar su identidad y cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas Expuestas
Políticamente, todo ello de conformidad con lo establecido en la presente. Asimismo, se deberá verificar que
los clientes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas de
conformidad con lo prescripto en la Resolución UIF vigente en la materia.
b) Cuando existan elementos que lleven a suponer que los clientes no actúan por cuenta propia, obtener
información adicional sobre la verdadera identidad de la persona (titular/cliente final o real) por cuenta de la
cual actúa y tomar medidas razonables para verificar su identidad.
c) Prestar atención para evitar que las personas físicas utilicen personas de existencia ideal como un
método para realizar sus operaciones.
d) Evitar operar con personas de existencia ideal que simulen desarrollar una actividad comercial o una
actividad sin fines de lucro.
e) Prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones relacionadas
con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
A estos efectos se deberá considerar como países o territorios declarados no cooperantes a los catalogados
de tal manera por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (www.fatf-gafi.org).
En igual sentido deberán tomarse en consideración las relaciones comerciales y operaciones relacionadas
con países o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las cuales deben aplicarse medidas de debida
diligencia reforzadas.
f) Al operar con otros Sujetos Obligados, solicitar a los mismos una declaración jurada sobre el cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA. En el caso que no se acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas de debida
diligencia reforzadas.”.
Art. 4º — Sustitúyase el artículo 11 de la Resolución UIF Nº 127/12 por el siguiente: “ARTICULO 11. – Datos
a requerir a Personas Físicas:
I. En el caso que el cliente sea una persona física, los Sujetos Obligados deberán recabar de manera
fehaciente, por lo menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellido completos.
b) Fecha y lugar de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Sexo.
e) Número y tipo de documento de identidad, que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una
copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad el Documento Nacional de
Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente
de los respectivos países limítrofes o Pasaporte.
f) C.U.I.L. (código único de identificación laboral), C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I.
(clave de identificación). Este requisito también será exigible a extranjeros, en caso de corresponder.
g) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal).
h) Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
i) Declaración jurada indicando estado civil; profesión, oficio, industria o actividad principal que realice.
II. En el caso de personas físicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el artículo 16 de la
presente resolución, se deberá requerir la información consignada en el apartado I precedente, una
declaración jurada indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente, de
acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia y la documentación respaldatoria para definir el perfil
del cliente.”.
Art. 5º — Sustitúyase el artículo 12 de la Resolución UIF Nº 127/12 por el siguiente: “ARTICULO 12. – Datos
a requerir a Personas Jurídicas:
I.- En el caso que el cliente sea una persona jurídica, los Sujetos Obligados deberán recabar de manera
fehaciente, por lo menos, la siguiente información:
a) Denominación o Razón Social.
b) Fecha y número de inscripción registral.
c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito también
será exigible a Personas Jurídicas extranjeras, en caso de corresponder.
d) Fecha del contrato o escritura de constitución.
e) Copia del estatuto social actualizado, certificada por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.
f) Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal).
g) Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad principal realizada.
h) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o
autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.
i) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de
firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme lo
prescripto en el punto I del artículo 11 de la presente.
II.- En el caso de personas jurídicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el artículo 16 de la
presente resolución se deberá requerir:
a) La información consignada en el apartado I precedente.b) Una declaración jurada en la que se indique la titularidad del capital social (actualizada).
c) Una declaración jurada en la que se identifiquen a los Propietarios/Beneficiarios y a las personas físicas
que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica.
d) Una declaración jurada en la que se indique expresamente si las personas identificadas en el apartado c)
precedente, revisten la calidad de Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo con la Resolución UIF
vigente en la materia.
e) Las declaraciones juradas a que se refieren los apartados b), c) y d) precedentes podrán ser suscriptas
por las autoridades o por los representantes legales de la persona jurídica.
f) La documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente, conforme lo previsto en el artículo 16 de la
presente resolución.”.
Art. 6º — Sustitúyase el artículo 16 de la Resolución UIF Nº 127/12 por el siguiente: “ARTICULO 16. – Perfil
del cliente. En el caso de clientes que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 2º de la presente
sobre Automotores por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 350.000), los Sujetos Obligados deberán definir un perfil del cliente, que estará basado
en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria
(declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con
los que se realizó la compra; certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente
intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la
documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la
existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o
semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos
lícitos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido
obtener el propio Sujeto Obligado.
También deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que realiza el
cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria. Los requisitos previstos
en este apartado serán de aplicación, asimismo, cuando los Sujetos Obligados hayan podido determinar
que se han realizado trámites simultáneos o sucesivos en cabeza de un titular, que individualmente no
alcanzan el monto mínimo establecido, pero que en su conjunto lo exceden.”.
Art. 7º — La presente resolución comenzará a regir a partir del día 11 de noviembre de 2013.
Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José
A. Sbattella.

 

 

 

 

 

Unidad de Información Financiera
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución 489/2013
Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación.
Bs. As., 31/10/2013
VISTO, el Expediente Nº 5.809/2011 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, en los Decretos Nº 290 del 27
de marzo de 2007, su modificatorio y Nº 918 12 de junio de 2012 y en la Resolución UIF Nº 31 del
10 de febrero de 2012 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en el artículo 6º de las Leyes Nº 25.246 y sus modificatorias y Nº 26.734
esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA es el Organismo encargado del análisis, tratamiento y
transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos (artículo 303
del Código Penal) y de Financiación del Terrorismo (306 del Código Penal).
Que el artículo 13, inciso 2. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias establece que es competencia de la
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y
operaciones que puedan configurar actividades de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo y, en
su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del MINISTERIO PUBLICO, para el
ejercicio de las acciones pertinentes.
Que cabe señalar que la Ley Nº 26.683, modificó a la Ley Nº 25.246, estableciendo nuevas categorías de
Sujetos Obligados entre los que se encuentran comprendidos —en el artículo 20, inciso 21.— los sujetos a
los que se dirige la presente.
Que esta Unidad reglamentó las obligaciones que le corresponden a ese sector mediante el dictado de la
Resolución UIF Nº 31/12.
Que a partir de la puesta en marcha del sistema preventivo en el referido sector y en respuesta a los
interrogantes planteados por los Sujetos Obligados, esta Unidad estimó conveniente brindar ciertas
precisiones, como así también efectuar modificaciones normativas.
Que, en ese sentido, esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA emitió la Nota Interpretativa 31/12-1 y
la Resolución UIF Nº 49/13.
Que mediante las mismas se eliminaron ciertos requisitos de identificación de los clientes, y se elevaron los
montos a partir de los cuales deben acreditarse mayores requisitos, a la vez que se unificaron criterios y
simplificaron tareas que deben cumplir los Sujetos Obligados involucrados en una misma operación; todo
ello con el objeto que los Sujetos Obligados concentren sus esfuerzos en aquellas operaciones de mayor
valor económico relativo, posibilitando un mejor cumplimiento de sus obligaciones y las de este Organismo.
Que no obstante ello, las diversas consultas y presentaciones formuladas y las reuniones mantenidas con
representantes del sector y con funcionarios de la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS
NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, han motivado una
reevaluación del sistema preventivo en lo que se refiere a las normas antes citadas, como consecuencia de
la cual se emite la presente resolución.Que la misma tiene por objeto mejorar la eficiencia del sistema de prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo, concentrando —aún más— los esfuerzos en aquellas cuestiones en las que
existe mayor riesgo de comisión de los citados delitos, facilitando el cumplimiento de la normativa y
minimizando los costos de los Sujetos Obligados, manteniendo el objetivo de que esta unidad cuente con
los elementos necesarios para el cumplimiento de las tareas que le fueran legalmente asignadas.
Que en virtud de lo expuesto se precisa en la presente resolución quiénes son los Sujetos Obligados a los
que se dirige la misma, cuáles son los bienes respecto de los que deberán efectuar controles en materia de
Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y quiénes resultan ser clientes de cada uno de ellos.
Que, de esta forma, en la presente se recepta lo establecido en la Recomendación 1, de las 40
Recomendaciones para prevenir los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo del
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL que establece que, a los efectos de un combate
eficaz contra los mencionados delitos, los países deben aplicar un enfoque basado en el riesgo, a fin de
asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA ha tomado la
intervención que le compete.
Que el Consejo Asesor tomó la intervención que es de su competencia, conforme lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 25.246.
Que el Presidente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA comparte el temperamento del Consejo
Asesor.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 14, 20 bis, 21 y 21 bis de
la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESUELVE:
Artículo 1º — Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que se dirige la
presente resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u
omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
CAPITULO I. DEFINICIONES.
Art. 2º — A los efectos de la presente resolución se entenderá por:
a) Sujetos Obligados: Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de
motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus,
microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, que deban registrarse ante el
REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR.
b) Cliente:
b.1) Son clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas (titulares registrales) que adquieran o vendan
los bienes a que se refiere el inciso a) precedente.
Asimismo, se considerarán clientes a las simples asociaciones del artículo 46 del Código Civil y otros entes
a los cuales las leyes especiales les acuerden el tratamiento de sujetos de derecho.La calidad de cliente se adquiere a partir de la exteriorización material de la voluntad de la persona de llevar
a cabo una operación de compraventa con el Sujeto Obligado (por ejemplo por la constitución de una
reserva, de una seña, etc.).
b.2) Excepciones.
b.2.1. Quienes adquieran los bienes a que se refiere el inciso a) precedente mediante la suscripción de
planes de ahorro, con sociedades de ahorro cuyo objeto específico sea la adquisición de este tipo de bienes
(contempladas como Sujetos Obligados en el artículo 20, inciso 13. de la Ley Nº 25.246 y sus
modificatorias).
b.2.2. Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20, inciso 1. de la Ley Nº 25.246 y sus
modificatorias, cuando adquieran bienes —a que se refiere el inciso a) precedente— destinados a
operaciones de leasing que celebren con sus propios clientes.
Las excepciones a que se refieren los apartados precedentes serán de aplicación a partir del momento en
que los Sujetos Obligados (enumerados en el artículo 20, incisos 1. y 13. de la Ley Nº 25.246 y sus
modificatorias) allí indicados acrediten los extremos a que se refiere el artículo 17 inciso f) de la presente
resolución.
c) Automotores: serán considerados como tales únicamente aquellos tipos de vehículos denominados como:
motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior; coupé; microcoupé; sedán 2, 3, 4 ó 5
puertas; rural 2, 3, 4 ó 5 puertas; descapotable; convertible; limusina; todo terreno; familiar o pick up.
d) Personas Expuestas Políticamente: se entiende por Personas Expuestas Políticamente a las
comprendidas en la Resolución UIF vigente en la materia.
e) Reportes Sistemáticos: son aquellas informaciones que obligatoriamente deberán remitir los Sujetos
Obligados a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en forma mensual, mediante sistema, el “on line”,
conforme a las obligaciones establecidas en los artículos 14 inciso 1. y 21 inciso a. de la Ley Nº 25.246 y
sus modificatorias.
f) Operaciones Inusuales: son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin
justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero,
patrimonial o tributario del cliente, o porque se desvían de los usos y costumbres en las prácticas de
mercado, por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.
g) Operaciones Sospechosas: son aquellas operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado
previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el Sujeto Obligado, las mismas
no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, o cuando se verifiquen dudas
respecto de la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada por el cliente,
ocasionando sospecha de Lavado de Activos; o aun cuando tratándose de operaciones relacionadas con
actividades lícitas, exista sospecha de que estén vinculadas o que vayan a ser utilizadas para la
Financiación del Terrorismo.
h) Operaciones Tentadas: Son aquellas operaciones no consumadas por el cliente, por razones
extracomerciales, vinculadas con el cumplimiento de alguna exigencia prevista en la normativa vigente en
materia de prevención de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.
i) Propietario/Beneficiario: Se refiere a las personas físicas que tengan como mínimo el VEINTE (20) por
ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el
control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes asimilables de conformidad con lo
dispuesto en la presente resolución.
CAPITULO II. POLITICAS PARA PREVENIR
E IMPEDIR EL LAVADO DE ACTIVOS
Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. INFORMACION DE LOS ARTICULOS
20 BIS, 21 Y 21 BIS DE LA LEY Nº 25.246
Y SUS MODIFICATORIAS.
Art. 3º — Política de prevención. A los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en
los artículos 20 bis, 21 incisos a. y b. y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los Sujetos
Obligados deberán adoptar una política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo, de conformidad con la presente resolución.
La misma deberá contemplar, por lo menos, los siguientes aspectos:
a) La elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que deberá observar las particularidades de su
actividad.
b) La designación de un Oficial de Cumplimiento conforme lo establece el artículo 20 bis de la Ley Nº 25.246
y sus modificatorias y el artículo 20 del Decreto Nº 290/07 y modificatorio.
c) La implementación de auditorías periódicas.
d) La capacitación del propio Sujeto Obligado, o del personal si se encuentra constituido como persona
jurídica.
e) La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y
aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.
f) La implementación de una base de datos informatizada que le permita al Sujeto Obligado conocer todas
las operaciones que realizan sus clientes.
g) La implementación de alertas que permitan cumplir con los sistemas de control y prevención del Lavado
de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Art. 4º — Manual de Procedimientos. El Manual de Procedimientos para la prevención del Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo deberá contemplar, por lo menos, los siguientes aspectos:
a) Políticas de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, adoptadas por el propio
Sujeto Obligado o por la máxima autoridad si se encuentra constituido como persona jurídica.
b) Políticas coordinadas para el control y monitoreo.
c) Funciones de la auditoría y los procedimientos de control interno que se establezcan, tendientes a evitar
el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
d) Funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento.
e) Plazos y términos en los cuales cada empleado del Sujeto Obligado debe cumplir, según las
responsabilidades propias del cargo, con cada uno de los mecanismos de control y prevención.
f) Programa de capacitación.
g) Políticas y procedimientos de conservación de documentos.
h) Procedimiento a seguir para atender a los requerimientos de información efectuados por la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA y por el Oficial de Cumplimiento.
i) Metodologías y criterios para analizar y evaluar la información que permitan detectar operaciones
inusuales y sospechosas, así como también el procedimiento para el reporte de las mismas.
j) Parámetros aplicados a los sistemas implementados de prevención de Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo.
k) Desarrollo y descripción de otros mecanismos que el Sujeto Obligado considere conducentes para
prevenir y detectar operaciones de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
l) Procedimientos de segmentación del mercado de acuerdo con la naturaleza específica de las
operaciones, el perfil de los clientes, las características del mercado, las clases de producto o servicio, como
así también cualquier otro criterio que a juicio del Sujeto Obligado resulte adecuado para generar señales de
alerta cuando las operaciones de los clientes se aparten de los parámetros establecidos como normales.
m) El régimen sancionatorio para el personal del Sujeto Obligado, en caso de incumplimiento de los
procedimientos específicos contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en los términos
previstos por la legislación laboral vigente.
Art. 5º — Disponibilidad del Manual de Procedimientos. El Manual de Procedimientos deberá estar siempre
actualizado y disponible en todas las dependencias de los Sujetos Obligados para todos los empleados,
considerando la naturaleza de las tareas que desarrollan y debiendo establecerse mecanismos que
permitan constatar la recepción y lectura por parte de estos últimos. Asimismo deberá permanecer siempre
a disposición de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Art. 6º — Designación del Oficial de Cumplimiento. Los Sujetos Obligados que se encuentren constituidos
como personas jurídicas deberán designar un Oficial de Cumplimiento, conforme lo dispuesto en el artículo
20 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y en el Decreto Nº 290/07 y su modificatorio. El Oficial de
Cumplimiento será responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y
obligaciones establecidos en virtud de esta resolución y de formalizar las presentaciones ante la UNIDAD
DE INFORMACION FINANCIERA.Deberá comunicarse a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA el nombre y apellido, tipo y número de
documento de identidad, cargo en el órgano de administración, fecha de designación y número de C.U.I.T.
(clave única de identificación tributaria) o C.U.I.L. (código único identificación laboral), los números de
teléfono, fax, dirección de correo electrónico y lugar de trabajo de dicho Oficial de Cumplimiento. Esta
comunicación debe efectuarse de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución UIF Nº 50/11 (o la que en el
futuro la complemente, modifique o sustituya) y además, por escrito en la sede de la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA acompañándose toda la documentación de respaldo.
El Oficial de Cumplimiento deberá constituir domicilio, donde serán válidas todas las notificaciones
efectuadas. Una vez que haya cesado en el cargo deberá denunciar el domicilio real, el que deberá
mantenerse actualizado durante el plazo de CINCO (5) años contados desde el cese.
Cualquier sustitución que se realice del mismo deberá comunicarse fehacientemente a la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA dentro de los QUINCE (15) días de realizada, señalando las causas que
dieron lugar al hecho, continuando la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento hasta la notificación de su
sucesor a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
El Oficial de Cumplimiento debe gozar de absoluta independencia y autonomía en el ejercicio de las
responsabilidades y funciones que se le asignan, debiendo garantizársele acceso irrestricto a toda la
información que requiera en cumplimiento de las mismas.
Los Sujetos Obligados podrán designar asimismo un Oficial de Cumplimiento suplente, quien desempeñará
las funciones del titular en caso de ausencia, impedimento o licencia de este último. A estos fines deberán
cumplirse los mismos requisitos y formalidades que para la designación del titular.
Los Sujetos Obligados deberán comunicar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, dentro de los
CINCO (5) días de acaecidos los hechos mencionados en el párrafo precedente, la entrada en funciones del
Oficial de Cumplimiento suplente, los motivos que la justifican y el plazo durante el cual se encontrará en
funciones.
Art. 7º — Obligaciones del Oficial de Cumplimiento. El Oficial de Cumplimiento tendrá, por lo menos, las
siguientes obligaciones:
a) Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas por la máxima autoridad del Sujeto Obligado para
prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.
b) Diseñar e implementar los procedimientos y controles necesarios para prevenir, detectar y reportar las
operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
c) Diseñar e implementar políticas de capacitación formalizadas a través de procedimientos de
entrenamiento y actualización continua en la materia para los empleados del Sujeto Obligado, considerando
la naturaleza de las tareas desarrolladas.
d) Analizar las operaciones realizadas para detectar eventuales Operaciones Sospechosas.
e) Formular los Reportes Sistemáticos y de Operaciones Sospechosas, de acuerdo con lo establecido en la
presente resolución.
f) Llevar el registro del análisis y gestión de riesgo de operaciones inusuales detectadas, que contenga e
identifique aquellas operaciones que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.
g) Dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en
ejercicio de sus facultades legales.
h) Controlar la observancia de la normativa vigente en materia de prevención de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.
i) Asegurar la adecuada conservación y custodia de la documentación.
j) Prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones relacionadas
con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
A estos efectos se deberá considerar como países o territorios declarados no cooperantes a los catalogados
de tal manera por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (www.fatf-gafi.org). En igual
sentido deberán tomarse en consideración las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con
países o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del
Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las cuales deben aplicarse medidas de debida
diligencia reforzadas.k) Prestar especial atención a las nuevas tipologías de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a
los efectos de establecer medidas tendientes a prevenir, detectar y reportar toda operación que pueda estar
vinculada a las mismas, como asimismo a cualquier amenaza de Lavado de Activos o Financiación del
Terrorismo que surja como resultado del desarrollo de nuevas tecnologías que favorezcan el anonimato y de
los riesgos asociados a las relaciones comerciales u operaciones que no impliquen la presencia física de las
partes.
Art. 8º — Auditoría Interna. Deberá preverse un sistema de auditoría interna anual que tenga por objeto
verificar el cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas de prevención del Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo.
Los resultados que arrojen los procedimientos de auditoría aplicados deberán ser comunicados anualmente
al Oficial de Cumplimiento. En el caso que este último detecte deficiencias en cuanto a la implementación y
cumplimiento de las políticas de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo deberá
adoptar las medidas necesarias para corregirlas.
Art. 9º — Capacitación. Los Sujetos Obligados deberán desarrollar un programa de capacitación en materia
de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para el caso que se encuentren
constituidos como personas jurídicas, el mismo deberá dirigirse a sus empleados.
El Programa de Capacitación deberá contemplar:
a) La difusión de la presente resolución y de sus modificaciones, así como la información sobre técnicas y
métodos para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas.
b) La adopción de un plan de capacitación.
CAPITULO III. POLITICA DE IDENTIFICACION
Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. INFORMACION DE LOS ARTICULOS
20 BIS, 21 Y 21 BIS DE LA LEY Nº 25.246
Y SUS MODIFICATORIAS.
Art. 10. — Política de Identificación. Los Sujetos Obligados deberán elaborar y observar una política de
identificación y conocimiento del cliente, cuyos contenidos mínimos deberán ajustarse a lo previsto en los
artículos 20 bis, 21 inciso a. y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, el Decreto Nº 290/07 y
modificatorio y la presente resolución.
Art. 11. — La política de “Conozca a su Cliente” será condición indispensable para iniciar o continuar la
relación comercial o contractual con el mismo. Dicha relación debe basarse en el conocimiento de sus
clientes, prestando especial atención a su funcionamiento o evolución —según corresponda— con el
propósito de evitar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
A esos efectos el Sujeto Obligado observará lo siguiente:
a) Antes de iniciar la relación comercial o contractual con el cliente deberá identificarlo, cumplir con lo
dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas Expuestas Políticamente de conformidad con lo establecido
en la presente, verificar que no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones
terroristas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución UIF vigente en la materia, y solicitar información
sobre los servicios y/o productos requeridos y los motivos de su elección, todo ello conforme lo establecido
en la presente.
b) Adicionalmente, para el caso de los clientes que realicen operaciones de compraventa de Automotores
por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
($ 350.000), se deberá definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente.
Art. 12. — Datos a requerir a Personas Físicas.
I. En el caso que el cliente sea una persona física, los Sujetos Obligados deberán recabar de manera
fehaciente por lo menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellido completos.
b) Fecha y lugar de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Sexo.
e) Número y tipo de documento de identidad, que deberá exhibir en original y al que deberá extraérsele una
copia. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad el Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente
de los respectivos países limítrofes o Pasaporte.
f) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria), C.U.I.L. (código único de identificación laboral) o C.D.I.
(clave de identificación). Este requisito también será exigible a extranjeros, en caso de corresponder.
g) Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal).
h) Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
i) Declaración jurada indicando estado civil, profesión, oficio, industria o actividad principal que realice.
II. En el caso de personas físicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el punto b) del artículo 11
de la presente resolución, se deberá requerir la información consignada en el apartado I precedente, una
declaración jurada indicando expresamente si reviste la calidad de Persona Expuesta Políticamente, de
acuerdo con la Resolución UIF vigente en la materia y la documentación respaldatoria para definir el perfil
del cliente, conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente.
Art. 13. — Datos a requerir a Personas Jurídicas.
I.- En el caso que el cliente sea una persona jurídica, los Sujetos Obligados deberán recabar de manera
fehaciente, por lo menos, la siguiente información:
a) Denominación o Razón social.
b) Fecha y número de inscripción registral.
c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este requisito también
será exigible a Personas Jurídicas extranjeras, en caso de corresponder.
d) Fecha del contrato o escritura de constitución.
e) Copia del estatuto social actualizado, certificada por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.
f) Domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal).
g) Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad principal realizada.
h) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o
autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.
i) Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de
firma, que operen ante el Sujeto Obligado en nombre y representación de la persona jurídica, conforme lo
prescripto en el punto I del artículo 12 de la presente.
II.- En el caso de personas jurídicas que encuadren dentro del supuesto previsto en el punto b) del artículo
11 de la presente resolución se deberá requerir:
a) La información consignada en el apartado I precedente.
b) Una declaración jurada en la que se indique la titularidad del capital social (actualizada).
c) Una declaración jurada en la que se identifiquen a los Propietarios/Beneficiarios y a las personas físicas
que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica.
d) Una declaración jurada en la que se indique expresamente si las personas identificadas en el apartado c)
precedente, revisten la calidad de Persona Expuesta Políticamente, de acuerdo con la Resolución UIF
vigente en la materia.
e) Las declaraciones juradas a que se refieren los apartados b), c) y d) precedentes podrán ser suscriptas
por las autoridades o por los representantes legales de la persona jurídica.
f) La documentación respaldatoria para definir el perfil del cliente, conforme lo previsto en el artículo 19 de la
presente resolución.
Art. 14. — Datos a requerir a Organismos Públicos. Los Sujetos Obligados deberán recabar de manera
fehaciente, como mínimo, en el caso de organismos públicos:
a) Copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario interviniente.
b) Número y tipo de documento de identidad del funcionario que deberá exhibir en original. Se aceptarán
como documentos válidos para acreditar la identidad el Documento Nacional de Identidad, Libreta de
Enrolamiento o Libreta Cívica. Asimismo deberá informar su número de C.U.I.L. (código único de
identificación laboral).
c) C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria), domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal) y teléfono de la dependencia en la que el funcionario se desempeña.
d) Domicilio real del funcionario (calle, número, localidad, provincia y código postal).
Art. 15. — Datos a requerir de los Representantes. Al apoderado, tutor, curador o representante legal deberá
requerírsele la información prescripta en el punto I del artículo 12 de la presente y el correspondiente poder
del cual se desprenda el carácter invocado, en copia debidamente certificada.
Art. 16. — Uniones Transitorias de Empresas, agrupaciones y otros entes. Los mismos recaudos indicados
para las personas jurídicas serán necesarios en los casos de uniones transitorias de empresas,
agrupaciones de colaboración empresaria, consorcios de cooperación, asociaciones, fundaciones,
fideicomisos y otros entes con o sin personería jurídica.
Art. 17. — Los Sujetos Obligados deberán:
a) En todos los casos, adoptar medidas adicionales razonables, a fin de identificar la verdadera identidad de
la persona (titular/cliente final o real) por cuenta de la cual actúa.
b) Cumplir con lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas Expuestas Políticamente, de conformidad
con lo establecido en la presente, y verificar que los clientes no se encuentren incluidos en los listados de
terroristas y/u organizaciones terroristas de conformidad con lo prescripto en la Resolución UIF vigente en la
materia.
c) Prestar atención para evitar que las personas físicas utilicen personas de existencia ideal como un
método para realizar sus operaciones.
d) Evitar operar con personas de existencia ideal que simulen desarrollar una actividad comercial o una
actividad sin fines de lucro.
e) Prestar especial atención al riesgo que implican las relaciones comerciales y operaciones relacionadas
con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del
GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
A estos efectos se deberá considerar como países o territorios declarados no cooperantes a los catalogados
de tal manera por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (www.fatf-gafi.org).
En igual sentido deberán tornarse en consideración las relaciones comerciales y operaciones relacionadas
con países o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos
del Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las cuales deben aplicarse medidas de debida
diligencia reforzadas.
f) Al operar con otros Sujetos Obligados solicitar a los mismos una declaración jurada sobre el cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del
Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esta UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA. En el caso que no se acrediten tales extremos deberán aplicarse medidas de debida
diligencia reforzadas.
g) Prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones que se efectúen con dinero en efectivo.
h) Considerar cumplido el principio de “conozca a su cliente” cuando el Estado Nacional, Provincial, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Municipios; o un Organismo o Ente Autárquico de los mencionados
Estados intervenga en carácter de cliente de los Sujetos Obligados.
Estas presunciones se aplicarán exclusivamente respecto de los indicados y no comprenden a los restantes
intervinientes en la operatoria de que se trate.
Art. 18. — Política de Conocimiento del Cliente. La Política de Conocimiento del Cliente debe incluir
criterios, medidas y procedimientos que contemplen, al menos:
a) La determinación del perfil de cada cliente, conforme lo establecido en el artículo 11 de la presente.
b) El seguimiento de las operaciones realizadas por los clientes.
c) La identificación de operaciones que se apartan del perfil de cada cliente.
Art. 19. — Perfil del Cliente. Los Sujetos Obligados deberán definir un Perfil del Cliente, que estará basado
en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria
(declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con
los que se realizó la compra; certificación extendida por contador público matriculado, debidamente
intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la
documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la
existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos
lícitos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido
obtener el propio Sujeto Obligado, que justifique el origen de los fondos involucrados en las operaciones que
realiza.
También deberá tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que
habitualmente realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria.
Art. 20. — En caso de detectarse operaciones inusuales se deberá profundizar el análisis de las mismas con
el fin de obtener información adicional que corrobore o revierta la/s inusualidad/es, dejando constancia por
escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de
la misma.
Art. 21. — Cuando a juicio del Sujeto Obligado se hubieran realizado o tentado Operaciones Sospechosas,
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo VI de la presente resolución.
Art. 22. — Indelegabilidad. Las obligaciones emergentes del presente Capítulo no podrán ser delegadas en
terceras personas ajenas a los Sujetos Obligados.
CAPITULO IV. LEGAJO DE CLIENTE. CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION.
Art. 23. — Legajo del Cliente. El Legajo del Cliente deberá contener las constancias del cumplimiento de los
requisitos prescriptos en los artículos 10 a 16 (según corresponda) y en su caso 19, de la presente
resolución.
Asimismo debe incluir todo dato intercambiado entre el cliente y el Sujeto Obligado, a través de medios
físicos o electrónicos, y cualquier otra información o elemento que contribuya a reflejar el Perfil del Cliente o
que el Sujeto Obligado considere necesario para el debido conocimiento del mismo.
Cuando el Legajo de Cliente sea requerido por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA deberán
remitirse las constancias que prueben el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente
resolución.
Art. 24. — Conservación de la documentación. Conforme lo establecido por el artículo 20 bis; 21 y 21 bis de
la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y su decreto reglamentario, los Sujetos Obligados deberán conservar y
mantener a disposición de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA para que sirva como elemento
de prueba en toda investigación en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y permita la
reconstrucción de la operatoria la siguiente documentación:
a) Respecto de la identificación y conocimiento del cliente, el legajo y toda la información complementaria
que se haya requerido, durante un período mínimo de DIEZ (10) años contados desde la finalización de la
operación.
b) Respecto de las transacciones u operaciones, los documentos originales o copias certificadas, durante un
período mínimo de DIEZ (10) años contados desde la finalización de la operación.
c) El registro del análisis de las operaciones inusuales previsto en el artículo 20 de la presente resolución,
deberá conservarse por un plazo mínimo de DIEZ (10) años, contados desde la finalización de la operación.
d) Los soportes informáticos relacionados con las operaciones deberán conservarse por un plazo mínimo de
DIEZ (10) años contados desde la finalización de la operación a los efectos de la reconstrucción de la
operatoria, debiendo el Sujeto Obligado garantizar la lectura y procesamiento de la información digital.
CAPITULO V. REPORTE SISTEMATICO
DE OPERACIONES.
Art. 25. — Los Sujetos Obligados deberán comunicar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, las
informaciones que se prevean en la Resolución UIF vigente en la materia.
CAPITULO VI. REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
Art. 26. — Los Sujetos Obligados deberán reportar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA,
conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21 inciso b. y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus
modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la
actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación
del Terrorismo.
Deberán ser especialmente valoradas las siguientes circunstancias que se describen a mero título
enunciativo:
a) Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos.
b) Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones
que realicen los clientes.
c) Cuando transacciones de similar naturaleza, cuantía, modalidad o simultaneidad, hagan presumir que se
trata de una operación fraccionada a los efectos de evitar la aplicación de los procedimientos de detección
y/o reporte de las operaciones.
d) Cuando los clientes se nieguen a proporcionar datos o documentos requeridos por los Sujetos Obligados
o bien cuando se detecte que la información y/o documentación suministrada por los mismos se encuentre
alterada.
e) Cuando el cliente no dé cumplimiento a la presente resolución o a otras normas legales de aplicación a la
materia.
f) Cuando se presenten indicios sobre el origen, manejo o destino ilegal de los fondos utilizados en las
operaciones, respecto de los cuales el Sujeto Obligado no cuente con una explicación.
g) Cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y/o costos de
las transacciones, incompatible con el perfil económico del mismo.
h) Cuando las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados “paraísos fiscales” o
identificados como no cooperativos por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL.
i) Cuando existiera el mismo domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas o cuando las mismas
personas físicas revistieren el carácter de autorizadas y/o apoderadas de diferentes personas de existencia
ideal, y no existiere razón económica o legal para ello, teniendo especial consideración cuando alguna de
las personas jurídicas estén ubicadas en “paraísos fiscales” y su actividad principal sea la operatoria “off
shore”.
j) Cuando las partes intervinientes en la operatoria exhiban una inusual despreocupación sobre las
características del bien (por ejemplo, calidad, fecha en la que se entregará, etc.) y/o muestren un fuerte
interés en la realización de la transacción con rapidez sin que exista causa justificada.
k) Cuando la compraventa se realice con una diferencia igual o superior al TREINTA (30) por ciento del valor
de ofrecimiento de venta.
l) Cuando el Sujeto Obligado tenga conocimiento de que las operaciones son realizadas por personas
implicadas en investigaciones o procesos judiciales penales.
m) Cuando se abonen grandes sumas de dinero en cláusulas de penalización sin que exista una
justificación lógica del incumplimiento contractual.
n) Cuando se efectúen habitualmente transacciones que involucran fundaciones, asociaciones o cualquier
otra entidad sin fines de lucro, que no se ajustan a su objeto social.
ñ) Precios excepcionalmente bajos o altos, en relación con los bienes objeto de la transacción.
o) La tentativa de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas cuyos datos de identificación,
Documento Nacional de Identidad, C.U.I.L (código único de identificación laboral) o C.U.I.T (clave única de
identificación tributaria) no hayan podido ser validados, o no se correspondan con el nombre y apellido o
razón social de la persona involucrada en la operatoria.
p) Cuando las operaciones se instrumenten únicamente bajo la forma de un contrato privado y no existan
manifestaciones de las partes tendientes a cumplir con los trámites de inscripción y/o registración
correspondiente.
q) Las operaciones de compraventa sucesivas sobre un mismo automotor, en un plazo de UN (1) año,
cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea igual o superior al TREINTA
(30) por ciento del importe declarado.
Art. 27. — El Reporte de Operación Sospechosa debe ser fundado y contener una descripción de las
circunstancias por las cuales se considera que la operación detenta tal carácter.
Art. 28. — El Reporte de Operaciones Sospechosas deberá ajustarse a lo dispuesto en lo Resolución UIF
Nº 51/11 (o la que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya).
Los Sujetos Obligados deberán conservar toda la documentación de respaldo, la que permanecerá a
disposición de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y será remitida dentro de las CUARENTA Y
OCHO (48) horas de ser solicitada.
Art. 29. — Independencia de los Reportes. En el supuesto de que una operación de Reporte Sistemático sea considerada por el Sujeto Obligado como una Operación Sospechosa, éste deberá formular los reportes
en forma independiente.
Art. 30. — Confidencialidad del Reporte. Los Reportes de Operaciones Sospechosas no podrán ser
revelados ni al cliente ni a terceros conforme a lo dispuesto en el artículo 21, inciso c. y 22 de la Ley
Nº 25.246 y sus modificatorias.
Art. 31. — Plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos. El plazo máximo para
reportar hechos u Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos será de CIENTO CINCUENTA (150)
días corridos, a partir de la operación realizada o tentada.
Art. 32. — Plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo. Los sujetos
obligados deberán reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA sin demora alguna, todo
hecho u Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo. El plazo máximo para efectuar estos
reportes será de CUARENTA Y OCHO (48) horas, contadas desde que la operación fue realizada o tentada,
habilitándose días y horas inhábiles al efecto.
Art. 33. — Informe sobre la calidad del Reporte. Con la finalidad de mejorar la calidad de los Reportes
Sistemáticos y de Operaciones Sospechosas, la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA anualmente
emitirá informes sobre la calidad de los mismos.
CAPITULO VII. SANCIONES.
Art. 34. — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y deberes establecidos en la presente
resolución serán pasibles de sanción conforme con el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
CAPITULO VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Art. 35. — La presente resolución comenzará a regir a partir del día 11 de noviembre de 2013.
Art. 36. — Derógase la Resolución UIF Nº 31/12, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
resolución.
Art. 37. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José
A. Sbattella.

  • Sandra Lucero

    Tengo un otorgamiento de chapas (patentes) trabado porque el registro me dice que el banco que me otorgó el credito NO le pasa mi ddjj. Es irrisorio el monto que solicité comparado con los montos que indicas. ¿Alguien realmente puede pensar que estoy haciendo lavado de dinero cuando tuve que solicitar un credito por $ 50.000 para un auto medio pelo? Por favor… las personas que dictan estas resoluciones son pateticas.