La DGI uruguaya le niega datos a la AFIP

La Dirección General Impositiva (DGI) uruguaya rechazó varios pedidos de información fiscal que llegaron de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque estaban mal fundamentados o porque no aportaban datos suficientes sobre los contribuyentes.

Tras el primer pedido de información, que había apuntado a los pases puente de futbolistas, siguieron llegando otras solicitudes, pero no todas pudieron seguir su curso, informaron a El País fuentes del gobierno uruguayo que prefirieron el anonimato debido a la confidencialidad con que se trabaja en el tema.

Consultado al respecto, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, respondió: “De ese tema no vamos a hacer ninguna declaración, está dentro del secreto tributario”.

Según supo El País, los principales argumentos de la DGI uruguaya para no brindar información fueron que las solicitudes no estaban bien fundamentadas o que no se habían agotado los medios en Argentina para obtener los datos requeridos.

Estas condiciones estaban contempladas en el acuerdo, que exige que las solicitudes especifiquen por escrito “la identidad de la persona sometida a inspección o investigación”, “el fin tributario por el cual se solicita la información” y “una declaración que estipule que la parte requeriente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, salvo aquellos que dieran lugar a dificultades desproporcionadas”, entre otros aspectos.

El incumplimiento de esos requisitos habilita a la DGI uruguaya a “denegar su asistencia”. La administración tributaria debió comunicárselo a su contraparte, la AFIP, dentro de los 60 días de haber recibido la solicitud y le notificó los defectos.

Una de las mayores preocupaciones de la AFIP es fiscalizar a empresas de gran porte, para reducir las que estén operando en Uruguay subdeclarando impuestos o aquellas que funcionen como “empresas de papel”. No obstante, aún tiene restricciones para pedir datos sobre empresas y por eso se concentró en personas físicas.

Esto se debe a que el intercambio rige únicamente para los períodos fiscales que inicien durante o después del 7 de febrero (cuando entró a regir el acuerdo). Esos períodos se corresponden con el cierre de los balances de empresas argentinas que tienen operaciones en Uruguay. Así, si una firma cierra su balance el 30 de septiembre de 2013 y la AFIP pide información sobre sus activos para controlar el pago de impuestos, la DGI uruguaya no está obligada a proporcionarla porque estaría dando datos sobre un ejercicio fiscal que aún no culminó.

En los únicos asuntos por los que la AFIP puede solicitar información desde que entró a regir el acuerdo son aquellos de “materia tributaria penal”, es decir, por causas de la Justicia penal argentina posteriores al 7 de febrero. No pueden ser simples causas administrativas por no pago de tributos, sino que se tendrá que justificar que están vinculadas a un proceso penal.

El acuerdo con Argentina permite acceder a información de bancos, otras instituciones financieras, mandatarios o fiduciarios, datos vinculados a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos y fundaciones, entre otros.